Por: Rafael Espino
El pasado domingo 6 de junio, los mexicanos acudimos a las urnas para elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores y múltiples diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores.
Contrario a elecciones intermedias pasadas, mucho estaba en juego en esta ocasión. Principalmente, el reto de Morena para renovar su mayoría (con o sin partidos aliados) en la Cámara de Diputados, que le permita realizar los cambios legislativos pendientes y necesarios para lograr hacer realidad los principios y lineamientos básicos del anteriormente denominado “Proyecto Alternativo de Nación”, hoy coloquialmente conocido, ya convertido en acción de gobierno federal como la Cuarta Transformación.
De acuerdo con resultados preliminares para esta nueva 65 legislatura, Morena contaría con 197 curules de 253 que tenía en la anterior, con un rango de votación como partido mayoritario de entre el 34.9% y el 35.8%. Con sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que alcanzarían aproximadamente 44 y 38 asientos respectivamente, lograrían mayoría simple con 279 curules, lejanos a los 334 necesarios para emprender cambios constitucionales. No obstante, logró conquistar 11 de las 15 gubernaturas en disputa, aunque algunas de ellas por márgenes reducidos.
Lo anterior no significa otra cosa más que el refrendo popular al cambio de régimen decidido democráticamente en 2018 y cuya instrumentación se encuentra en proceso en todos los ámbitos de la vida pública nacional, enfrentando resistencias y venciendo un entramado de corrupción estructurado durante décadas, orientado al privilegio de intereses muy sectarios.
Se continuará con la recuperación democrática del Estado y su conversión en un ente promotor del desarrollo político, económico y social del país. Con la instauración de un auténtico Estado de derecho, combatiendo la impunidad y teniendo siempre como propósito y bandera el combate a la corrupción.
La honestidad en el manejo del dinero público es la tabla de salvación del país y por tanto debe convertirse, independientemente de quién lo encabece, en principio de gobierno. En este sentido, es menester que todo servidor público previo a asumir un encargo se encuentre ausente de acusaciones formales de corrupción. De ser el caso, que tenga la oportunidad de comparecer a una corte de ley, para aclarar su situación jurídica y poder ejercer la función pública libre de sospechas. La salud del Estado y de la República así lo demandan.
Para lograr el fin anterior, el poder Judicial juega un papel muy relevante. Debe dirimir sin elusiones ni artimañas, las controversias y acusaciones que le son presentadas en forma clara y expedita para, más allá de golpeteos y oportunismos políticos, garantizar a la población el escrutinio de los actos denunciados de sus futuros gobernantes, ya para absolverlos o en su caso condenarlos y que enfrenten las consecuencias legalmente preestablecidas.
Importantes los resultados electorales y la convicción colectiva de seguir combatiendo la tan tristemente arraigada corrupción y los privilegios indebidos, para seguir dando preferencia a los pobres, en la concepción de un México incluyente, diverso, respetuoso de los derechos humanos y en el que la riqueza y los frutos del trabajo se distribuyan con justicia.
