Por: Lilia Aguilar Gil
La vivienda es uno de los elementos básicos para garantizar la dignidad humana y, como tal, en nuestro sistema jurídico es un derecho reconocido en el artículo 4º constitucional. Lamentablemente, las condiciones para la adquisición de una vivienda, de habitabilidad y de servicios en los hogares mexicanos distan mucho de cumplir con este propósito.
El gobierno, a nivel federal y local, ha buscado fortalecer los mecanismos legales, institucionales y laborales para garantizar el acceso universal a una vivienda digna -particularmente para las personas con ingresos más bajos y con mayores condiciones de vulnerabilidad social-, sin embargo, el sector inmobiliario actúa conforme las reglas del mercado y dirige sus objetivos a la clase media alta y a las ciudades con mayor densidad de población.
De acuerdo con el censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chihuahua hay 1 millón 146 mil 395 viviendas particulares, habitadas principalmente por familias nucleares, no obstante, el incremento de la demanda de vivienda es constante. La Sociedad Hipotecaria Federal estimó que 2020 la demanda para adquisición de vivienda en Chihuahua sería de 58,172, es decir, la entidad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro.
Lo anterior es significativo dada la complejidad que enfrentaron los hogares mexicanos por la emergencia sanitaria, sin embargo, podemos atribuir esta situación al incremento del salario mínimo y a fenómenos como la migración, toda vez que quienes demandan una vivienda hoy son quienes históricamente habían estado impedidos para adquirirla, es decir, las personas con los ingresos más bajos.
Ciudad Juárez es ejemplo de lo anterior: Se ha convertido en un polo de atracción de migrantes nacionales que buscan insertarse en la industria manufacturera, representa una fuente laboral formal que ofrece seguridad social y prestaciones a sus trabajadores, entre ellas el financiamiento para vivienda.
Si además de la migración interna, sumamos el éxodo migratorio de personas provenientes de países centroamericanos, tenemos como resultado asentamientos irregulares en la región fronteriza, donde no sólo se carece de un espacio adecuado sino de todos los servicios básicos, como agua, drenaje y electricidad.
En este contexto, estamos obligados a repensar la manera en la que habremos de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada, con los servicios necesarios y con precios o programas de adquisición accesibles a todos, de tal suerte que es necesario establecer una conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, los empleadores y los desarrolladores del mercado inmobiliario, para delinear una política de vivienda conveniente para las diferentes regiones de Chihuahua.
Teniendo en cuenta estos fenómenos, desde la Cámara de Diputados, y particularmente desde la Comisión de Vivienda, impulsaré estas alianzas a fin de garantizar que la instrumentación del derecho a una vivienda digna y adecuada sea transversal, observando los criterios internacionales con miras a un desarrollo humano integral.
Tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con quienes viven en condiciones de vulnerabilidad social, mejorar la vida de quienes hoy padecen la falta de una vivienda adecuada y de ofrecer cobertura total de servicios públicos a quienes carecen de ellos. Aportaré mi trabajo y experiencia para este propósito, en favor de mi estado y de quienes más lo necesitan.
