Por: Juan Carlos Loera de la Rosa
Las elecciones para gobernador este verano en Chihuahua confirman la legendaria expresión de que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Tal y como se anticipaba, tuvimos un proceso plagado de irregularidades, de abusos y de acciones orientadas a manipular e incluso a sustituir la voluntad de los ciudadanos.
La jornada de este 6 de junio, lejos de consagrar la voluntad de los chihuahuenses, se alejó de las reglas de nuestros códigos electorales y dio paso a un triunfo electoral que todos los chihuahuenses estamos obligados a cuestionar.
En principio, debemos ser fieles a nuestra memoria y recordar que hace 35 años, en el verano de 1986, Chihuahua vivió una elección tan cuestionada y tan inequitativa como la que aún estamos procesando en estos momentos.
Aunque el escenario es otro, muchos de los protagonistas de aquel fraude, que por su magnitud y descaro dio paso al derrumbe de un régimen electoral autoritario, al que con ironía y precisión Vargas Llosa llamaba la “dictadura perfecta”, aún están entre nosotros y haciendo honor a su expediente, que los responsabiliza de aquel atropello contra la voluntad de las urnas, ya con la frente marchita volvieron a las andadas, para encabezar una nueva versión de aquel inolvidable y vergonzoso “fraude patriótico”.
No vale la pena mencionar nombres, el personaje central de aquella afrenta, el principal beneficiario y por cierto fundador de una muy desventurada “escuela de ingeniería electoral”, se atrevió a encabezar el acto más bochornoso de toda la contienda: convocando a las viejas legiones de su partido a que se sumaran a la candidata del partido que él, con el apoyo del Estado y de los hombres del poder económico de Chihuahua habían defraudado.
Destaco este hecho porque fue un golpe de audacia y deshonestidad que lastimó profundamente la cultura cívica de los chihuahuenses, mostró que en esta contienda no había lugar para la memoria y la honradez, que no existían límites morales, que a Maru Campos se le debía imponer como gobernadora, a cualquier precio.
Pero estas acciones se multiplicaron y dieron lugar a una contienda absolutamente dispareja. Las pruebas sobre los pagos que César Duarte entregó a la candidata del PAN, registrados en la “nómina secreta”, con base en las cuales un juez de Control la vinculó a proceso, no fueron suficientes para que el órgano electoral la calificara de inelegible; por el contrario, se convirtieron en un certificado de impunidad, que un distinguido empresario se atrevió a reconocer, ofreciendo a las autoridades reparar el daño causado, a cambio de que le garantizaran continuar en la contienda.
Los voceros de las organizaciones patronales, que mal representan a los verdaderos empresarios de Chihuahua, se encargaron de cimentar un discurso sobre los problemas de Chihuahua, que sepultaba el tema de la corrupción, y agigantaba artificialmente el supuesto robo del agua, atribuido a mi persona.
Con este discurso encubrían el daño que la corrupción y la impunidad ha causado a la sociedad chihuahuense, y falsificaban la realidad sobre el problema del agua, que nada tiene que ver con el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y mucho con una ilegal apropiación y monopolización de concesiones sobre los derechos de agua, que justo practican quienes crearon este discurso de odio contra mi persona y contra al partido que represento.
Pero lo trascendental de estas intervenciones, que tuvieron un efecto determinante en el proceso, fue la magnitud de los recursos que la campaña de Maru Campos invirtió, para velar la presunción que las autoridades tienen acerca de los abusos y delitos asociados a su trayectoria como funcionaria pública. Al respecto, la estimación que se tiene es que la Coalición “Nos une Chihuahua”, que representaba Maru Campos, tuvo un gasto de campaña equivalente a un monto aproximado de 112 millones de pesos, que rebasó con un poco más de 47 millones el tope de gastos de campaña para la Gubernatura establecido por la autoridad electoral, en un monto cercano a los 64 millones y medio de pesos.
Al lado de todo esto tuvimos, como en el lejano 1986, una autoridad electoral incompetente que con acciones y omisiones toleró que se cometieran infinidad de faltas y agravios contra los ciudadanos de Chihuahua.
Entre las más notables destaca la apertura tardía de una proporción desmesurada de casillas situadas en zonas donde prevalece el voto a favor de Morena; la dispersión de casillas contiguas, sin notificar a los electores, en zonas de voto morenista, contra la concentración y accesibilidad plena de casillas donde suele predominar el voto a favor de Acción Nacional; un descontrol absoluto sobre la magnitud del listado nominal, en zonas rurales donde el listado nominal y, no pocas veces la cantidad de votos recibido supera el número de ciudadanos residentes; y, finalmente, un sospechoso e inusual voto dividido en las zonas rurales más apartadas de Chihuahua, donde los ciudadanos, extrañamente, prefirieron gobernadora panista y alcaldes del PRI.
Ante todas estas evidencias de maltrato a la voluntad del pueblo de Chihuahua, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad y en muchos sentidos la obligación de inconformarnos ante el resultado de un proceso electoral, inequitativo, parcial y en buena medida intervenido y manipulado por quienes ostentan el poder económico, político y espiritual de nuestra querida tierra.
