Apenas y bien habíamos entregado nuestra anterior colaboración a este periódico, cuando leíamos en el mismo, en su edición impresa, que el FMI recomendaba a México fortalecer su Estado de derecho; pero también la gobernanza, el combate a la corrupción, la informalidad y la inseguridad, porque obstaculizan el crecimiento económico.
A lo anterior se suma la incertidumbre que priva sobre la renegociación del TLC, la cotización del dólar y los resultados electorales del 2018. Así, se pronostica que al cierre del 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) será de 2.1% y que 2018 “no pinta mejor” para el crecimiento nacional.
Para el FMI lo que ha impedido el despegue de la economía nacional es la corrupción que es “alta y generalizada” en el país, con énfasis en los tres órdenes de gobierno y con tendencia a agudizarse a causa de la debilidad de las instituciones en cargadas de combatirla y a un Estado de derecho ausente.
Propone la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluidas las figuras del fiscal general y del fiscal Anticorrupción, “fundamental para poner fin a la trampa” de la corrupción, cuyos beneficios la perpetúan y evitan que mejore la eficiencia económica y aumente la productividad. Lo cual no han querido diputados y senadores.
Pero algo se empieza a mover: nos referimos a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ordena al Poder Legislativo aprobar la legislación sobre el gasto gubernamental en materia de publicidad oficial.
Al respecto, Jorge G. Castañeda en su artículo “¡Viva!, la Suprema Corte”* anota que “lo interesante es que ahora se trata de un amparo que muestra (…) que los ciudadanos de a pie pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional en defensa de sus Derechos Humanos”.
En mismo periódico y día, Juan Ignacio Zavala en “¡Bravo!, por la Corte; falta el Congreso” dice: “Sin duda alguna la sentencia del ministro (…) marca una nueva era en materia de libertad de expresión y de la relación entre poderes. Que el Poder Judicial instruya al Poder Legislativo a cumplir con su responsabilidad y elaborar una ley sobre un tema particular, es algo inédito. Un gran paso de la SCJN que merece aplauso”.
“Ahora falta ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar”. ¿Y si no cumple? ¿Qué procede?
Desde nuestro particular punto de vista y del tema que comentamos, la acción de la Corte tiene implicaciones más allá del combate a la corrupción, desacato a las órdenes judiciales y sentencias de amparo, que son manifestaciones del verdadero problema que afecta al país: la ausencia del Estado de derecho.
“Y es que no hemos sido capaces de construir un verdadero Estado de derecho. Hablamos de un verdadero cuerpo de reglas que nos permitan vivir en una sociedad floreciente. No hemos podido construir un estado de derecho, y mientras no lo hagamos, no podremos resolver los demás, pequeños, grandes, sintomáticos problemas.
“Si este país puede alguna vez salir de sus crisis económicas, de sus miserias políticas, de la casi eterna lucha entre grupos, será a través de la construcción de reglas nuevas, claras, aceptadas por todos, pero sobre todo que estén construidas teniendo en mente el país que somos, y no el que queremos ser”. (Macario Schettino)
*El Financiero 17.11.17
