/ miércoles 16 de diciembre de 2020

Las reformas tóxicas


Con una retórica nacionalista e incendiaria el gobierno federal justificó las reformas a la Ley Nacional de Seguridad (para limitar las acciones de agentes extranjeros), y a la Ley del Banco de México, altamente polémicas, y que colocan a México en el umbral de pasarse formal e institucionalmente al lado de la delincuencia organizada, con el argumento de que “nos quitamos el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos”, un despropósito absurdo.

Por otro lado, la del outsourcing que se pospone a febrero; por otro, el Senado anuncia otra para limitar las tasas de interés; y en ambas cámaras es aprobada la reforma de pensiones, que incluye control de las comisiones que pueden cobrar las Afores.

La reforma a la Ley del Banco de México que es el garante de la estabilidad financiera del país, podría tener repercusiones con las instituciones extranjeras y limitar sus operaciones y acuerdos con la institución mexicana en el mundo. La reforma lo obliga a incorporar recursos de procedencia ilícita a sus reservas, y por ende al sistema financiero. Ahí estarán las remesas y el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos, que los grupos criminales regresan a México de contrabando. Ya no necesitarán crear empresas para lavar dinero; gracias a López Obrador y el Senado, el Banco de México hará ese trabajo.

Se pone en riesgo al Banco de México, se dice, porque 1% de las remesas que llegan al país lo hacen en efectivo, y nadie les quiere comprar sus dólares. En el extremo, por ese 1% se apuesta la pertenencia de México al sistema financiero global. Nadie querrá hacer negocios con un país cuyo banco central lava dinero.

También se pone en riesgo el funcionamiento del sistema de pensiones, porque el tope a las comisiones destruirá la competencia, y con ello reducirá la calidad de las Afores actuales. Y tal vez tengamos algunas Afores vendiendo su cartera para buscar mejores horizontes en cuestión de semanas. Por otro lado, la de outsourcing producirá más informalidad y pondrá en riesgo el empleo de 5 millones de mexicanos. Ya tendremos a las empresas extranjeras pidiendo aclaración acerca de a quiénes pueden contratar y cómo, o si mejor se instalan en Arizona, Nuevo México o Texas.

En paralelo tenemos una enorme debilidad en las finanzas públicas. Están sostenidas por los ahorros que se generaron en otros momentos, pero que se van a extinguir antes del fin de 2020 o en 2021. El Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestarios se nos acaba este año. Los fondos de protección del Seguro Popular se acaban entre 2021 y 2022. Fideicomisos públicos destinados a distintos propósitos específicos se extinguen para financiar gasto corriente.

Por añadidura en términos de gasto social, se privilegian las transferencias de recursos que no implican necesariamente la garantía de acceso a derechos sociales, que son la base para una mayor inclusión, en particular la educación y salud de calidad.

No se puede recordar un momento similar en la historia nacional.


Con una retórica nacionalista e incendiaria el gobierno federal justificó las reformas a la Ley Nacional de Seguridad (para limitar las acciones de agentes extranjeros), y a la Ley del Banco de México, altamente polémicas, y que colocan a México en el umbral de pasarse formal e institucionalmente al lado de la delincuencia organizada, con el argumento de que “nos quitamos el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos”, un despropósito absurdo.

Por otro lado, la del outsourcing que se pospone a febrero; por otro, el Senado anuncia otra para limitar las tasas de interés; y en ambas cámaras es aprobada la reforma de pensiones, que incluye control de las comisiones que pueden cobrar las Afores.

La reforma a la Ley del Banco de México que es el garante de la estabilidad financiera del país, podría tener repercusiones con las instituciones extranjeras y limitar sus operaciones y acuerdos con la institución mexicana en el mundo. La reforma lo obliga a incorporar recursos de procedencia ilícita a sus reservas, y por ende al sistema financiero. Ahí estarán las remesas y el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos, que los grupos criminales regresan a México de contrabando. Ya no necesitarán crear empresas para lavar dinero; gracias a López Obrador y el Senado, el Banco de México hará ese trabajo.

Se pone en riesgo al Banco de México, se dice, porque 1% de las remesas que llegan al país lo hacen en efectivo, y nadie les quiere comprar sus dólares. En el extremo, por ese 1% se apuesta la pertenencia de México al sistema financiero global. Nadie querrá hacer negocios con un país cuyo banco central lava dinero.

También se pone en riesgo el funcionamiento del sistema de pensiones, porque el tope a las comisiones destruirá la competencia, y con ello reducirá la calidad de las Afores actuales. Y tal vez tengamos algunas Afores vendiendo su cartera para buscar mejores horizontes en cuestión de semanas. Por otro lado, la de outsourcing producirá más informalidad y pondrá en riesgo el empleo de 5 millones de mexicanos. Ya tendremos a las empresas extranjeras pidiendo aclaración acerca de a quiénes pueden contratar y cómo, o si mejor se instalan en Arizona, Nuevo México o Texas.

En paralelo tenemos una enorme debilidad en las finanzas públicas. Están sostenidas por los ahorros que se generaron en otros momentos, pero que se van a extinguir antes del fin de 2020 o en 2021. El Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestarios se nos acaba este año. Los fondos de protección del Seguro Popular se acaban entre 2021 y 2022. Fideicomisos públicos destinados a distintos propósitos específicos se extinguen para financiar gasto corriente.

Por añadidura en términos de gasto social, se privilegian las transferencias de recursos que no implican necesariamente la garantía de acceso a derechos sociales, que son la base para una mayor inclusión, en particular la educación y salud de calidad.

No se puede recordar un momento similar en la historia nacional.