La violencia en Chihuahua tiene su punto de inflexión en 2007, si bien es cierto que el origen de la descomposición para llegar a los niveles que veríamos en la segunda mitad de la década comenzaron en 1998, o incluso antes, lo que vemos en 2007 es una recomposición del sistema criminal.
Los cuerpos de policía municipales y estatales estaban, para entonces, totalmente envilecidos. Hablamos de 2007 porque en ese año inicia el asesinato y secuestro de mandos y agentes en todo el estado.
Abarca una época en la que mi familia sufre un primer golpe. El secuestro de Erick, seguido del cobarde asesinado de Benjamín LeBarón y de Luis Widmar, nos coloca de manera brutal frente a esa realidad llamada “guerra contra el narco”.
Si nos centramos en un solo aspecto de la criminalidad, el del tráfico de drogas, vemos cómo a la par de la violencia ejercida en contra de los oficiales de policía, aumenta exponencialmente la violencia en general, hasta tocar a la sociedad entera.
Esa guerra emprendida por Felipe Calderón es el componente que termina por incendiar Chihuahua. Las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que cometieron las fuerzas federales están más que documentadas por organizaciones de la sociedad civil y la propia CNDH. En pocas palabras, potenciaron los circuitos de violencia.
Esos años de intervención dejaron secuelas graves. Una inercia criminal agravada al paso de los años.
Ante ello, el gobierno estatal ha hecho de la seguridad pública un acto administrativo. Operativamente, su incapacidad es manifiesta. Tan sólo en el primer trimestre más de 500 personas fueron asesinadas. El quinquenio de Javier Corral tiene aquí una de sus mayores deudas ciudadanas.
Es un vacío de poder que permite el reciclaje del dolor y la desgracia. Lo que vivimos como familia en 2009 se repitió con creces en 2019, con la masacre de nueve integrantes más de mi familia: tres mujeres y seis de sus hijas e hijos.
El dolor y el coraje nos han metido en esta lucha. Nos llevan a señalar sin reparos al actual gobernador, porque también en su administración creció la violencia contra las mujeres. Eso no es otra cosa sino reflejo del desinterés, la corrupción o la incompetencia de su gobierno.
Escuchamos siempre promesas de “sanear” los cuerpos de seguridad. Nunca se hace. Entendemos bien que el sistema policial puede ser un sistema criminal al mismo tiempo. Los procesos de cambio a este nivel no son inmediatos, pero sí urgentes. Lo que sostengo es que un gobierno encabezado con honestidad y determinación marca el inicio para emprender cambios profundos y complejos.
La verdadera coordinación con el gobierno federal es imprescindible. Emprender la reestructuración de los cuerpos de policía, si bien es competencia local, debe respaldarse con la Federación, porque hablamos también de organizaciones criminales. No se trata de evadir responsabilidades, sino de consolidar acciones de Estado sin mezclar las posiciones políticas e ideológicas.
La industria criminal trastocó a los cuerpos de policía municipales. Dejaron de ser preventivos. Al paso de los años eso tiene consecuencias graves, que sobre todo golpean a nuestras mujeres y a nuestros infantes.
El crimen y la violencia tienen manifestaciones distintas en Chihuahua y merecen diseños concretos para cada región. El desafío es enorme, complejo, pero tenemos los diagnósticos, la voluntad y la entereza para iniciar el cambio. Mi familia es ejemplo de ello.
