Legalidad, sobre todo, legalidad

Por: Lilia Aguilar Gil

Después de vivir por mucho tiempo en una colonia popular, conociendo las carencias de agua potable y la falta que este recurso provoca; y de manera más reciente, caminar por colonias en donde el agua potable es una de las peticiones más sentidas, y en donde debido a que el agua es parte sólo de un sinnúmero de incontable de carencias, es que resulta aún mucho más intolerable e incomprensible, pero, sobre todo, ilegal, el corte de este recurso.

Por esto es por lo que me resulta completamente injusto leer noticias como la de distintas Juntas Municipales de Agua y Saneamiento del estado, consideran y llevan a cabo cortes al suministro de agua e incluso embargos en algunos casos (sin mencionar qué criterios son los que están tomando en cuenta para realizar tales acciones). Cortar el agua no sólo es ilegal, es un acto que menoscaba otros derechos como la salud, por lo que está más que claro que ésta no es la solución.

El acceso al agua potable es un derecho humano y está plasmado en la Constitución mexicana, su artículo 4 establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Incluso, a través de la Resolución No. 15, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos e incluso señala explícitamente que: los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Esto es algo así como un sueño para miles de personas que viven en colonias rezagadas de Chihuahua.

Dicho de otra forma, el derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. Es una obligación básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos los niveles esenciales mínimos del derecho, lo que comprende el acceso a la cantidad mínima indispensable de agua. Y se señala como obligación del Estado que éste se abstenga de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al agua, es decir, que se abstenga de cortar el suministro de agua.

En el caso de la ciudad de Chihuahua, se habla de un total de 136 mil 800 domicilios que adeudan cerca de 2 mil 500 millones de pesos; en el caso de Ciudad Juárez, se habla de 163 mil 760 usuarios con adeudo de tres meses, y de ese total, 44 mil 914 cuentas presentan morosidad de tres a 12 meses. Otras 118 mil 846 cuentas registran adeudos de 13 meses y más.

El llamado es a actuar con legalidad, y hacerlo significa no cortar el suministro, pues hacerlo es como si el mismo Estado, encargado de garantizar este derecho, fuera quien lo negara. Hace falta un trabajo pleno y creativo que permita tomar otras medidas que posibiliten recuperar los adeudos, pues hacerlo, quitándole el derecho a la gente del agua, es a todas luces ilegal.