“El desorden vial de una ciudad es el reflejo de un
Gobierno que no protege la vida de conductores ni
peatones y por tanto incompetente”
Peré Navarro Olivella. Director de Tráfico España
En mayo de 2011 en la ciudad de Monterrey, en el seno de la mesa de Seguridad Pública de la XLI Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida con la Conago, se discutió y aprobó un compromiso de adherencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores había concertado con Naciones Unidas dentro de un programa de seguridad vial mundial que consistía en disminuir en un 50% los accidentes viales en la totalidad de las entidades federativas, denominado Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011/2020, a lo que César Duarte, entonces gobernador, firmaría arrogantemente sin leer el contenido y las acciones a emprender por las instituciones de seguridad, salud y educación para abatir la inseguridad vial en calles, avenidas, carreteras, etc., de haberlo hecho hubiera relevado de inmediato al director estatal de Vialidad y Tránsito por carecer de experiencia y conocimiento en la materia.
No solamente desatendió la instrumentación requerida para tal objetivo, sino continuó con el ancestral criterio recaudatorio de esa dependencia hasta el final de su administración. Con el relevo institucional bajo el panista Javier Corral a la cabeza, cualquiera hubiera pensado que las cosas cambiarían, pero fue mucho peor; se exigió a los agentes aumentar la recaudación sin argumento alguno, lo que facilitó el crecimiento exacerbado de la corrupción. En nuestro sistema a mayor cuantía de la infracción, mayor también es la corrupción. Transparencia Internacional Capítulo México (informe 2019) indicó que las prácticas de mayor corrupción e impunidad en el país se observaron mediante arreglos callejeros entre conductores y autoridades viales.
Es suficiente con observar los datos de fuentes reconocidas como Inegi, OMS y Conapra para entender realmente cómo se cocina en casa, donde la expedición de licencias se otorga sin que los jóvenes solicitantes sepan realmente conducir un automóvil (diferente a manejar) bajo la premisa de que el gobierno necesita dinero de los contribuyentes. Ese error que pareciera inofensivo para la seguridad vial de depositar dinero en una ventanilla recaudatoria del Estado, es el resultado de tener una ciudad con más accidentes viales que la Ciudad de México, Nueva York o París. Por No existir un trabajo institucional que articule una política de gestión antiaccidentes.
Una de las insistencias de la ONU es la necesidad de que los países actualicen sus marcos legales, digitalicen sus programas de control y movilidad vehicular, aumenten el nivel de profesionalismo y capacitación de los cuerpos ejecutores, así como considerar a la movilidad vial bajo un criterio de sustentabilidad. Aquí los vicios gubernamentales se inician desde el nombramiento de directores o delegados municipales por compromisos, compadrazgo o premios de consolación cuando alguien pierde una elección. De este tamaño ha sido la insensatez del gobierno de Corral.
Buena parte del “atolladero” consiste en que dentro de los formatos convencionales de los gobernantes subyace la falsa idea de que un cargo de esa naturaleza no ofrece dificultad alguna en desempeñarlo. La Unión Europea capacita, instruye y forma a cientos de candidatos (con 10 años de previa experiencia y academia) a ocupar puestos similares en varias sedes como Dunquerque, Francia, con la misma categoría de una universidad sencillamente por la enorme responsabilidad de evitar muertes, heridos, discapacidades, patrimonios, etc. Mayor que la de un director de un hospital porque la gente no llega herida o enferma, sino que está viva en las calles. Contrario a ello en Chihuahua van 6,370 decesos en Chihuahua por accidentes viales, desde que entró en vigor la obsoleta y recaudatoria Ley de Vialidad y Tránsito promulgada en 2006.
Desde mayo del pasado año está rigurosamente “archivado” un anteproyecto ciudadano que personalmente formulé de una Ley de Seguridad y Movilidad Vial, donde el pleno lo turnó a la Comisión de Seguridad Pública que preside la Dip. Georgina Bujanda, cuya exposición de motivos parte del principio de que la seguridad vial es un problema de educación y salud, no tanto de seguridad vial, de ahí la política errática de recaudación que por sexenios ha prevalecido sin importar “muertos, lesionados y pérdidas de patrimonios familiares”. El problema hacia el interior de las comisiones del Congreso es la falta de autonomía en las decisiones de carácter legislativo, donde el partido dominante no mueve un ápice sin la anuencia del Ejecutivo.
Es fundamental incorporar la expedición de licencias por puntos, velocidad legal, control vehicular digitalizado, educación vial escolarizada, cursos de vialidad online, etc. No hay duda de que la pandemia del Covid-19 ha desnudado el enorme grado de desorganización del país y el tema de seguridad vial es más que latente.
efconsultor@yahoo.com
El Congreso del Estado es una caja de sorpresas con muchos resortes desordenados sin impulsar realmente reformas estructurales y de largo plazo para Chihuahua, como una mejor Ley de Vialidad
