Vivimos un complejo escenario económico, 18 meses de decrecimiento que se han agudizado por el Covid-19, las proyecciones sostienen que viviremos la recesión económica más fuerte en los últimos 90 años, que el año próximo decreceremos 14 por ciento del Producto Interno Bruto, la situación se agrava por la expansión del virus, servicios públicos de salud de mala calidad, cobros excesivos en los privados, desempleo, quiebra de miles de negocios, en general porque la economía no camina al cien por ciento.
Una cadena que significa la caída de los recursos fiscales para los gobiernos, la caída del poder adquisitivo y en general encarecimiento de finanzas de particulares y empresas, de no poner atención urgente estaría matando su principal fuente de ingresos. Una cuestión delicada significa el crédito que otorgan los bancos, las pequeñas y medianas compañías, consideradas las más vulnerables, tienen dificultades para enfrentar sus compromisos crediticios.
Las autoridades hacendarias y legislativas están obligadas a poner en marcha su imaginación, deben de estudiar escenarios de solución, garantizar con mucha sensibilidad apoyos y estímulos sobre todo para personas y pequeñas empresas que actualmente poseen algún tipo de crédito y pronto caerán en mora, no porque no quieran, sino por no poder; en otros países existe la llamada Ley de la Segunda Oportunidad, importante la rectoría del Estado mexicano y consensuar con la banca medidas excepcionales para la emergencia.
La Ley de la Segunda Oportunidad significaría un esfuerzo legislativo, podría normar un instrumento de solución; los titulares de créditos pueden ser demandados por deudas civiles y pueden llegar a perder su patrimonio; incluso el más básico, los particulares las casas donde habita su familia y emprendedores sus locales o equipo para seguir produciendo; en México este desastre ya se vivió en 1994, fue motivo incluso de suicidios, muchas personas quedaron en la desprotección total.
Este mecanismo puede reducir la carga financiera y otras medidas sociales, no es un mecanismo de no pago, significa la posibilidad de reestructurar créditos y lograr un equilibrio entre las partes, el no pagar sólo en caso de imposibilidad absoluta, siempre que reúna ciertos requisitos como acreditar ser un deudor de buena fe, esto es que no se insolventó para evadir los pagos; no haber sido condenado por delitos patrimoniales o contra la Hacienda Pública; celebrar acuerdo para ceder bienes a favor del acreedor, que el valor de los bienes sea inferior o al menos igual al de la deuda, tope o máximo de adeudos, calendario de pagos.
Otro elemento es que acreedores puedan tener otros criterios ante las Sociedades de Información Crediticia, no reportar inmediatamente como malos pagadores, es decir, puede haber un plazo razonable de al menos tres meses, que los deudores no dejen de ser sujetos de crédito, porque ello significa restringir aún más la economía y la productividad.
Podría protegerse a la clase media baja; esta crisis económica y de salud no sólo a las autoridades les tomó de sorpresa; si los gobiernos con todos los elementos materiales, financieros, humanos y legales que tienen a su alcance enfrentan tan grande reto, mucho peor para las personas y emprendedores, así que menos pretextos y a poner en marcha soluciones, que los bancos en su mayoría extranjeros, en reciprocidad con lo costoso de sus servicios, tengan poco de solidaridad y subsidiaridad con los mexicanos.
