/ jueves 31 de mayo de 2018

Libertad de expresión en peligro

Apenas hace dos días, el martes, conocimos del asesinato de otro periodista, esta vez en Tamaulipas. Son cinco meses de este 2018 y ya se cuentan seis comunicadores asesinados. Nunca antes en México había sido tan peligrosa esta profesión. Y hoy, como nunca, la libertad de expresión está en peligro.


A Alicia Díaz González, Javier Valdez, Juan Carlos Huerta, Leobardo Vázquez Atzin, Carlos Domínguez Rodríguez, y antier, Héctor González Antonio, se les suman 38 más en lo que va del sexenio del actual mandatario. Además de ello, según Artículo 19, se reportan2 mil agresiones a este gremio. Lo que lleva a considerar a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.


El año pasado, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas presentó el informe: "Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de la impunidad en asesinatos de periodistas". En dicho documento se hacían cinco recomendaciones al Estado mexicano para detener este problema.


Las recomendaciones no pueden ser más lógicas: compromiso público para combatir la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión; hacer todo lo necesario para garantizar el derecho a la información; asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley lo hagan responsablemente.


Además, que el Ejecutivo federal utilice su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley; y finalmente, asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.


A un año de ello, y del compromiso asumido por el Ejecutivo y por integrantes del gabinete, ni una cosa ni otra ha sucedido. Las peticiones, todas ellas lógicas y en el marco de la ley, no han podido ser garantizadas, ni para los periodistas asesinados a lo largo el sexenio en el caso de las investigaciones y la impunidad, ni el caso de la prevención para los seis periodistas asesinados este año.


"¡Justicia!" y "¡Basta de discursos!", le exigieron al presidente en aquella ocasión. Hoy, la exigencia es la misma porque nada se ha hecho, porque ni siquiera se ha intentado, porque el sexenio está acabando y por lo tanto, no es prioridad.


Hoy, me uno a la exigencia del gremio, pero también al de la ciudadanía, quien ve vulnerado el derecho a la información cada vez que un periodista es asesinado.



lilia.aguilargil.2015@gmail.com


Apenas hace dos días, el martes, conocimos del asesinato de otro periodista, esta vez en Tamaulipas. Son cinco meses de este 2018 y ya se cuentan seis comunicadores asesinados. Nunca antes en México había sido tan peligrosa esta profesión. Y hoy, como nunca, la libertad de expresión está en peligro.


A Alicia Díaz González, Javier Valdez, Juan Carlos Huerta, Leobardo Vázquez Atzin, Carlos Domínguez Rodríguez, y antier, Héctor González Antonio, se les suman 38 más en lo que va del sexenio del actual mandatario. Además de ello, según Artículo 19, se reportan2 mil agresiones a este gremio. Lo que lleva a considerar a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.


El año pasado, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas presentó el informe: "Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de la impunidad en asesinatos de periodistas". En dicho documento se hacían cinco recomendaciones al Estado mexicano para detener este problema.


Las recomendaciones no pueden ser más lógicas: compromiso público para combatir la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión; hacer todo lo necesario para garantizar el derecho a la información; asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley lo hagan responsablemente.


Además, que el Ejecutivo federal utilice su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley; y finalmente, asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.


A un año de ello, y del compromiso asumido por el Ejecutivo y por integrantes del gabinete, ni una cosa ni otra ha sucedido. Las peticiones, todas ellas lógicas y en el marco de la ley, no han podido ser garantizadas, ni para los periodistas asesinados a lo largo el sexenio en el caso de las investigaciones y la impunidad, ni el caso de la prevención para los seis periodistas asesinados este año.


"¡Justicia!" y "¡Basta de discursos!", le exigieron al presidente en aquella ocasión. Hoy, la exigencia es la misma porque nada se ha hecho, porque ni siquiera se ha intentado, porque el sexenio está acabando y por lo tanto, no es prioridad.


Hoy, me uno a la exigencia del gremio, pero también al de la ciudadanía, quien ve vulnerado el derecho a la información cada vez que un periodista es asesinado.



lilia.aguilargil.2015@gmail.com