Ante diversas situaciones que se han presentado e involucran a distintos actores que han incurrido en actos que se han calificado de irregulares o al margen de la ley, el presidente de la república, cuando le informan y muestran –y demuestran- que tales actos son legales y, por tanto no existen irregularidades, se aboca a expresar que puede lo sean pero no son éticos o morales.
En algunos casos puede ser atinada la postura presidencial, pero en otros sale sobrando el comentario, ya que legal y éticamente dichas acciones están justificadas.
El asunto viene a cuento porque la inmensa mayoría de las leyes tiene en cuenta criterios que inciden en un comportamiento ético de quienes las van a cumplir, no están hechas al arbitrio, aunque exista alguna excepción que a veces pone en predicamento a los ciudadanos comunes quienes se ven en el dilema de efectuar un determinado mandato que sienten o saben que, más allá de lo legal, penetra en el terreno moral y provoca el que pueda –o deba- cumplirse en conciencia.
Un caso específico son las leyes y normas referentes a la vida humana del nonato avaladas por la Suprema Corte de la Nación, en que el aborto se permite o incluso se obliga en determinados casos, manifestando los supuestos derechos de las mujeres sin considerar en forma alguna los derechos de quienes están por nacer, primero que nada su derecho a la vida. Dichas normas o leyes entran en vigor sin tomar en cuenta las objeciones que puedan tener o manifestar quienes participan en el acto.
En cuestiones económicas de diversa índole, aunque pocos, existen mandatos legales en que no queda muy claro el límite entre lo que marca la ley y el comportamiento ético de quienes los asumen, de ahí lo que el presidente manifiesta a veces.
Evidentemente los ciudadanos deben obedecer, en general, las leyes que fundamentan el bien común y son justas, que promueven un orden y una mejor convivencia social, que combaten las conductas delictivas o que atentan contra las relaciones comunitarias, pero si las leyes se manifiestan injustas, desproporcionadas o se mueven por intereses particulares, se muestran arbitrarias o están fundamentadas en principios ofensivos o en contra de la dignidad humana, la oposición a cumplirlas es justa. Lo legal en estos casos no puede imponerse sobre lo moral o la objeción de conciencia de quien así lo señale. ¿Lo ven?
