Por: Lilia Aguilar Gil
Acaba de pasar el mes del orgullo LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex) y vale la pena reflexionar en la representación de este sector en los espacios de decisión en nuestro país. La agenda de esta comunidad es amplia y diversa, y en algunos casos tiene décadas metida en la congeladora de los órganos legislativos. ¿Hacen falta representantes de esta comunidad en estos espacios? Y si no están ell@s, ¿significa que nunca habrá avances?
La garantía y el reconocimiento de derechos civiles (matrimonio igualitario), sancionar y eliminar terapias de conversión, un sistema de salud que brinde atención a trabajador@s sexuales, la tipificación de distintos tipos de discriminación, la adopción de menores por parejas homo y lesbo parentales, la eliminación de normatividades que aún castigan la homosexualidad, la ley de identidad de género, creación de una alerta de violencia en contra de esta comunidad, etc.
Todo lo anterior es sólo parte de la agenda más visible de la comunidad LGBTI. La agenda, si bien ha sumado más demandas de acuerdo con el contexto, hay algunas que persisten y que ya se han tratado y han sido rechazadas, o bien, ni siquiera han sido puestas a consideración.
Oficialmente, la Cámara de Diputados ha contado con 5 legisladores abiertamente de esta comunidad, la primera de ellas, Patria Jiménez (PRD) en 1997, posteriormente Enoé Uranga (PRD), Benjamín Medrano (PRI), David Sánchez (PRD) y actualmente, Ana Lucía Riojas (sin partido). El Congreso del estado oficialmente no cuenta con ningún legislador que en funciones se haya declarado abiertamente de la comunidad, pero al igual que en Congreso de la Unión, eso no quiere decir que no lo haya, sólo que han decidido mantenerlo dentro de su vida privada.
Pero, ¿de qué ha servido esta representación? Parece que no de mucho, pues en la mayoría de los casos se siguió legislando desde posturas tan conservadoras como las del PAN. Más que representatividad se necesita proactividad, compromiso con las causas. Sabemos de esto porque pasa lo mismo que con iniciativas como la interrupción legal del embarazo, donde aún muchas mujeres votan en contra de nuestros propios derechos.
Es importante realizar acciones afirmativas para que cada vez sea más fácil el acceso a las personas de la comunidad y puedan ser parte de estos órganos; es vital eliminar prejuicios en contra de las personas LGTBI, ello a través de la información y la sensibilización a la población; y, finalmente, la inclusión no sólo a los institutos políticos, sino a propuestas y planes de gobierno.
Es importante señalar también que es un derecho revelar o no la orientación sexual que cada cual tenga, en el país ha habido un sinnúmero de funcionarios y representantes públicos que han legislado y gobernado con la moralidad y no con la pluralidad, yendo incluso en contra de la comunidad.
¿Hacen falta más espacios? Sí, un rotundo sí. Pero también es pertinente reconocer que la pluralidad y diversidad viene y cabe en cualquiera de nosotros que tenga un compromiso con los derechos humanos, que seamos capaces de visibilizar esta agenda.
