Por: Gustavo Madero
Las reveladoras conclusiones de especialistas basados en la información del Inegi y del Coneval parecen encender las sirenas de alarma. Los cacareados programas sociales del gobierno de López Obrador no han logrado lo que prometían: combatir la pobreza y reducir la desigualdad.
Una parte importante es el efecto del Covid en la salud y en la economía de las familias que redujo el ingreso laboral a diciembre del 2020 en el 90% de los hogares del país y 13 millones de personas salieron del mercado laboral. Para junio de 2021 se ha recuperado el 95% aunque el 80% ha sido informal y de menor salario, además de que aún faltan 678 mil empleos para estar al nivel previo a la crisis.
El gobierno no destinó recursos extraordinarios para apoyar a la población argumentando la falta de espacio fiscal y confiando en que sus programas lograran atender las carencias de las familias, lo cual resultó insuficiente: 67 millones de mexicanos no contaron con un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica. Un 8% más que en 2018.
La pandemia ocurrió en el peor momento del sistema nacional de salud debido a la decisión de desaparecer el Seguro Popular, que atendía a 52.1 millones de personas, y la creación del Insabi, para atender solamente a 34.1 y dejar sin acceso a servicios de salud a 18 millones de personas. Ahora, la población en pobreza extrema sin acceso a servicios de salud pasó del 26% al 57%. Resultó criminal desaparecer el Seguro Popular al duplicar el número de familias en extrema pobreza sin servicio de salud en medio de una pandemia.
Este gobierno es el que ha contado con mayores recursos de la historia: 6.3 billones en el 2021 y 7.1 billones del PEF para 2022.
Aun con estos recursos históricos, el gobierno de López Obrador está ejerciendo menos en programas sociales que la anterior administración, como lo podemos constatar en el análisis de Máximo Jaramillo-Molina en la revista Nexos sobre los mitos de la política social de la 4T, en la que desmiente la narrativa oficial de que “nunca se habían destinado tantos recursos a los programas sociales”, ni que “uno de cada dos hogares cuenta con algún apoyo del gobierno federal”. Demuestra que sólo el 30% de la población recibe algún apoyo social del gobierno federal, no el 50% como lo afirma el presidente.
El semáforo del “Observatorio de Trabajo Digno” clasifica en: Verde, 9 millones de personas con trabajo formal, seguro social e ingreso suficiente; Amarillo 35.3 millones con trabajo precario, sin seguro social y/o ingreso suficiente para adquirir una canasta básica; y Rojo, 24.6 millones excluidos, desempleados o que no buscan trabajo por labores domésticas o de cuidado.
Como lo demuestra Gonzalo Hernandez Licona en “México, cómo vamos”, la desaparición del programa Prospera y la sustitución por becas para educación básica, media superior y Jóvenes escribiendo el futuro generó una reducción de 63% de apoyos para las familias más pobres y un aumento de 380% en los deciles de mayores ingresos.
Los 8 mil novecientos millones de pesos que el gobierno entrega a los adultos mayores, destina el 57% para los más ricos y sólo el 43% para los adultos mayores más pobres del país.
La conclusión es demoledora. Los programas sociales del gobierno federal son más regresivos e ineficientes que los programas que irresponsablemente eliminó: el Seguro Popular y el programa de inclusión social Prospera.
Duele reconocerlo, pero es demostrable: los programas sociales de la 4T apoyan menos a los pobres y más a los ricos.