La incontrolable codicia por tener el control completo ha llevado a varios dirigentes y legisladores de Morena a dar una serie de golpes que ponen en entredicho su reiterada vocación democrática.
El último escándalo fue el protagonizado por Porfirio Muñoz Ledo, el cual se dejó convencer por el canto de las sirenas y aceptó continuar al frente de la mesa directiva de la Cámara Baja del congreso federal. El único problemita era que la ley orgánica de la misma establecía que cada año se turnarían entre las fracciones partidistas la dirigencia de tal cámara.
Engolosinado por ser de nueva cuenta el centro de la atención nacional, don Porfirio incluso llegó a expresar cínicamente que ahora se aplicaría el “sufragio efectivo, sí reelección”.
Al que no le agradó para nada esta maniobra de intentar imponer la mayoría morenista fue a su fundador y guía moral, el cual en forma tibia les recomendó a sus seguidores apegarse a la legalidad. Recomendación que de seguro tendrá la misma efectividad que la más reciente que les hizo a los delincuentes de que se porten bien.
Bueno, Muñoz Ledo para evitar que lo siguieran comparando con su tocayo que duró 30 años en el poder y también lo llamaran “don Perfidio”, optó mejor por retirarse y no continuar al frente de los diputados federales.
En las entidades donde gobierna Morena también andan desatados en consolidar su poder recién obtenido con el voto ciudadano. En Veracruz la comisión permanente del congreso local revocó “temporalmente” al fiscal Jorge Winckler sin seguir el procedimiento legal adecuado.
La acérrima enemistad del gobernador morenista veracruzano con el fiscal, herencia de la administración anterior de Yunes, es tan pública y notoria que es obvia la mano que meció la cuna.
Otro caso escandaloso es la acción de la anterior legislatura de Baja California, la que de manera sorpresiva e ilegal prolongó de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo bajo las siglas de Morena. La oposición denunció la inconstitucionalidad del acto, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra.
A los anteriores golpes legislativos de color marrón se les podría agregar el de Tabasco, donde la mayoría morenista aprobó la “ley garrote”, la cual condena hasta por 20 años de prisión la participación en bloqueos a instalaciones públicas y vías de comunicación.
Algunos pretenderán disculpar estos arrebatos como muestra de novatez en asuntos legislativos, pero para los opositores no son sino intenciones deliberadas para concentrar el poder.
Las acciones de los legisladores de Morena son preocupantes, pues son indicios de su pretensión de convertirse en el nuevo partido hegemónico del país, aunque ello sea contradictorio con su tradicional postura opositora para el partido que gobernó como tal por más de setenta años.
