La histórica participación de candidatos independientes en las elecciones de 2018 acaba de concluir su primera etapa con el registro de una buena cantidad de aspirantes a cargos federales, entre ellos el de la Presidencia de la República.
Intentarán llegar a Los Pinos un total de 74 candidatos independientes, pero antes tendrán que cumplir con el requisito de reunir 866 mil firmas de electores de 17 entidades en 120 días a partir del 15 de octubre de este año.
La titánica tarea la podrán llevar a cabo sólo unos cuantos, pues la cuota requerida representa el uno por ciento del padrón electoral nacional. Si todos los registrados lo pudieran lograr entonces contarían con el apoyo del 74 por ciento de todos los ciudadanos mexicanos.
Este requisito es claramente inequitativo, ya que exige a los independientes una cantidad de firmas que no se piden a los candidatos de los partidos. Lo más justo sería que tal condición fuera aplicada por igual a cualquier candidatura.
Por otra parte, los partidos políticos cuentan con un presupuesto oficial y tiempos en los medios electrónicos, mientras que los independientes tendrán que utilizar sus propios recursos y los que les aporten sus simpatizantes.
La tercera desventaja para la mayoría de los candidatos que no sean de partidos es que no son tan conocidos como los de la clase política, sobre todo de quienes como “chapulines” brincan de un cargo público a otro.
Precisamente la propuesta de las candidaturas independientes era con la intención de ciudadanizar los comicios, pues hasta ahora son las cúpulas y las burocracias partidistas las que deciden quiénes serán los nominados y para qué puestos políticos.
Las reglas de la participación de los independientes no fueron consensadas con los ciudadanos, sino fueron los legisladores emanados de los partidos las que las eligieron, obviamente de tal forma que no afectaran sus intereses y los del instituto al que pertenecen, por lo que optaron por ponerles trabas como las de la enorme cuota de firmas para su registro.
Si se cumpliera cabalmente con lo estipulado por la Constitución Mexicana, cualquier mexicano podría postularse para un cargo público sin mayores requisitos que el de su ciudadanía.
A pesar de los obstáculos citados una buena cantidad de ciudadanos optaron por la vía independiente y además de los 74 presidenciables se anotaron 38 para senadores y 240 para diputados federales.
La lista aumentará bastante cuando se agreguen los aspirantes locales, que de seguro serán más que los federales. La posibilidad de otra opción que no sea la partidista es una buena oportunidad para fortalecer la transición democrática siempre y cuando se realice en forma transparente y equitativa.
El monopolio electoral ejercido por las dirigencias partidistas debe ser superado con la incursión de nuevas fuerzas sobre todo de origen ciudadano. Algunas de estas camarillas controlan sus partidos como si fueran franquicias y negocios familiares.
Un ejemplo de lo anterior es el presidente del Partido del Trabajo, quien lleva en su cargo desde la fundación del mismo hace más de veinte años, al igual que sus socios en la dirigencia, entre ellos el chihuahuense Rubén Aguilar, que ha sido tres veces diputado federal y otras tres legislador local, además de colocar a sus hijos en alguna curul estatal.
Los independientes no son desde luego la solución mágica para resolver las carencias de nuestro sistema político, pero sí un buen aliciente para que los partidos se reformen y se democraticen seleccionando mejor a sus candidatos.
El voto de los ciudadanos será el que al final decidirá si acepta esta nueva modalidad o prefiere continuar con la forma tradicional partidista. Por lo pronto, independientes habemus para las próximas elecciones y esperamos que enriquezcan con su participación el debate nacional.
