En Chihuahua, esta semana ocho mil ochocientos delegados de Acción Nacional deberemos definir quién representará a nuestro partido en la elección constitucional para suceder al gobernador Javier Corral Jurado. Lo haremos de manera democrática ejerciendo nuestro voto de manera responsable y cuidando la unidad del partido, porque los ciudadanos preocupados por la situación que atraviesa nuestro país cuentan con el PAN como su principal alternativa.
La precampaña inició el 3 de enero y concluye el próximo sábado 23. Desde nuestro registro el 11 de diciembre, logramos sorprender por la gran cantidad de firmas de apoyo que presentamos: 3,237, casi el triple de las que presentaron los otros dos aspirantes: Maru 1,387 y Borruel 1,075.
Desde el principio he garantizado que seré factor de unidad esgrimiendo el compromiso de que, si yo gano, incluyo, y si pierdo, apoyo. Reconoceré el resultado que determine la Comisión Organizadora Electoral. Estos compromisos no los he escuchado nunca de mi contrincante, lo cual me preocupa por todo lo que se especula, por lo que conviene una reflexión al respecto.
Existe un elefante en medio de la mesa que todo el mundo quisiera ignorar, pero que definirá el futuro de nuestro partido y en gran medida de nuestro estado. Me refiero a las tres acusaciones esgrimidas contra María Eugenia Campos, tanto en su anterior carácter de diputada local como en su actual carácter de alcaldesa de la capital:
1. Formar parte de las ochenta personas que recibieron dinero indebido del gobierno de César Duarte (“nómina secreta” de Duarte).
2. Recibir contraprestaciones indebidas por parte de proveedores del Municipio (“moches”) y
3. Distribuir recursos económicos a distintos actores de la capital sin aparente respaldo legal.
Lo que trasciende es que estos tres procesos ya están judicializados con carpetas y expedientes en manos del Poder Judicial, y las autoridades administrativas, pero que no alcanzarán a resolverse antes del próximo domingo, por lo que cada uno de nosotros deberemos decidir qué creer:
A) O Maru cometió actos de corrupción;
B) O Maru es víctima de persecución política.
Esta decisión tiene mucha trascendencia, más allá del resultado de la jornada interna. Nos habla de dos realidades completamente opuestas, y en ambas existiría una conducta que los ciudadanos reprueban. La presunción de inocencia es un principio de derecho. Los delegados panistas no somos ministerio público, pero deberemos decidir, con la limitada información disponible, a quién creerle. El escenario es binario y las consecuencias fatales. Optar por uno o por el otro puede definir el futuro de nuestro Partido Acción Nacional, de la continuidad de la lucha contra la corrupción del Gobierno del Estado, el eventual resultado final del 6 de junio, el futuro judicial del exgobernador Duarte y los demás implicados en su sistema corruptor y el tipo de gobierno que tendremos de septiembre del 2021 a mes de agosto del 2027 en nuestro querido estado de Chihuahua.
La justicia es para que le vaya bien a quienes hacen las cosas bien, y que le vaya mal a quienes hacen mal.
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