Por: Lilia Aguilar Gil
La histórica elección de este año puso un reto enorme que cumplir a todas las instituciones en la materia. El proceso dejó ver claramente los pendientes que deben analizarse: las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), la utilidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la certeza y legalidad que deberían dar los Tribunales locales, sólo por mencionar algunos. Todo esto debe revisarse hacia la nueva reforma en esta materia y que como legisladores nos corresponderá hacer.
En días pasados tuve la oportunidad de asistir al foro “Balance Electoral de 2021, con una perspectiva para los procesos 22, 23 y 24”, evento convocado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
Como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, indicó, la ruta para analizar la reforma electoral deberá recoger diversas visiones y propiciar un diálogo abierto entre diferentes actores, no sólo entre partidos políticos y legisladores, sin embargo es claro que los legisladores seremos quienes, priorizando el perfeccionamiento democrático, tomaremos la última palabra.
La reforma electoral no versa sólo en la desaparición del INE, de hecho ni siquiera es algo que necesariamente vaya a suceder. Lo que sí debe analizarse es retirarle atribuciones, pues ha acumulado facultades que van más allá de organizar elecciones, como la cédula de identificación, la atribución para manejar los tiempos de radio y televisión de los partidos políticos, y la fiscalización de partidos y candidatos y candidatas.
Lo que sí es urgente revisar es la situación de los OPLE, los cuales se han vuelto oficialías de parte que no resuelven nada, ni siquiera se encargan de la capacitación de los funcionarios de casillas, lo cual causó que en las elecciones pasadas habiera una capacitación ambigua, por decir lo menos, y de los funcionarios de casillas que son ciudadanos y que prestan un servicio cívico, no sólo hubiese sido suficiente, sino a todas luces ineficiente en muchos casos. Un punto más de los OPLE son los cómputos, pues estos organismos no tienen ninguna atribución y donde no hay criterios para hacer esta invaluable tarea, que muchas veces define o cambia los resultados de una elección.
Otro punto importante son los tribunales locales electorales, pues en muchos casos es evidente cómo se han creado mafias de “supuestos profesionales” de los sistemas electorales que se han dedicado a poner posiciones y en los casos más complicados, a vender resoluciones en tribunales locales, haciendo del sistema democrático una burla.
Un punto más es la revisión del proceso de valoración del voto, la dualidad de su uso al votar por un candidato, y también para generar derechos y obligaciones a los partidos políticos.
Este sistema electoral, que fue el que impulsó el exconsejero presidente del INE, José Woldenberg, hace ya casi 20 años, cumplía con el objetivo de lograr la transición democrática, pero hoy ya está agotado, no sólo en los términos de la independencia, sino en la capacidad de reacción de estas instituciones electorales. Es momento de una reforma electoral que se ajuste a la nueva realidad democrática.
