Por: Agustín Pérez Reynoso
La reciente controversia de fijar topes en los precios de gas, lejos de atacar las causas, sólo ofrece un remedio temporal que oculta el desempeño improductivo del sector público federal. No puede irse en contra de los sistemas de señales de la economía sin esperar que no se pague el costo en pérdidas para las empresas productoras de la iniciativa privada, elevación de la deuda pública o de impuestos, pérdida de empleos y desabasto. El tema agropecuario a veces se olvida, como es el caso del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB).
La PGPAB, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es un ejemplo de cómo los costos de las mejores intenciones pueden superar los beneficios. Si bien, se busca elevar los ingresos del pequeño y mediano productor con un subsidio al arroz, frijol, maíz, trigo panificable y leche (igual a la diferencia entre el valor comercial del producto y el precio de garantía –fijado por Segalmex–), el balance en su conjunto es negativo.
De acuerdo a la novena edición del Índice de Competitividad Internacional 2019 (ICI) “México: sueños sin oportunidad” de los investigadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al garantizar un precio mínimo a los productores por encima del precio de mercado, el Estado mexicano crea distorsiones en las decisiones de oferta y demanda de productores y consumidores, generando excesos de oferta (excedentes) o demanda (escasez) de productos agrícolas y, con ello, espacios para la corrupción (mercados negros), perjudicando a los pobres.
Las conclusiones de otro estudio realizado por el IMCO desde inicios de 2018 son evidentes. Al modelar un par de escenarios con precios de garantía superiores en 20% y 50% al precio de mercado de los cultivos mencionados (con el precio internacional de los mismos más sus costos de transporte), se encontró, entre otras cosas, que: se produciría el doble de arroz y, entre tres y cinco veces más de leche; la producción de maíz bajaría entre 69% y 78%, la de trigo entre 33% y 50%, y entre una tercera y una quinta parte, del nivel actual, de vegetales y frutas.
Podría no estarse lejos de este escenario si tomamos en cuenta que, de acuerdo al análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con base en cifras del SAT, en el primer tercio del 2021, las importaciones totales de cereales, frijol y oleaginosas sumaron 13.3 millones de toneladas, 11 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, e impulsado por el incremento de la importación de maíz en un 15.7 por ciento, a 5.9 millones de toneladas, nivel no visto para un primer cuatrimestre de año. Compramos más granos, más caros y las cosechas no mejoran.
Lo anterior nos lleva a creer que los 10 mil millones de pesos asignados al programa PGPAB para el Ejercicio Fiscal 2020 y los 10,961.8 millones de pesos para el 2021, serán, con toda probabilidad, como se le llama coloquialmente, un improductivo “elefante blanco”: un plan con pocos rendimientos sociales, reducida sustentabilidad financiera y donde, otra vez, volverá a ganar el interés electoral, pero no los contribuyentes ni el productor.
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