Por: Juan Carlos Loera
Durante los tres años de gobierno de nuestro presidente la crítica conservadora ha mantenido un cuestionamiento muy severo en contra del programa destinado a apoyar a las madres o padres sola(o)s que tienen a su cargo niños o niñas menores de cuatro años, quienes por su edad requieren de una atención muy esmerada de las familias o de las instituciones (estancias) destinadas a atenderlos.
Sin probarlo aseguran que al suprimir los subsidios que el programa entregaba a los titulares de estos centros de cuidado infantil la capacidad del gobierno para atender a los infantes que viven sus primeros años se desarticuló completamente y que a causa de ello esta responsabilidad del Estado de garantizar la formación temprana de nuestros infantes hoy navega en el limbo.
Sin embargo, esta es una versión muy interesada y sesgada de los hechos, porque este programa de ninguna manera se desarticuló, sino sólo se reestructuró para cumplir con su verdadero objetivo de coadyuvar con las familias más vulnerables del país, para que mejoraran su capacidad para atender a sus hijos e hijas en la etapa más temprana, vulnerable y fundamental para su desarrollo.
Este programa, originado a fines del gobierno de Fox y a principios del de Calderón siempre tuvo varias deficiencias, entre las cuales destacaban las siguientes.
La primera, siempre señalada por los organismos evaluadores, como Coneval y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se refería a su mala focalización, pues siendo una acción de gobierno destinada a atender a los infantes más afectados por la pobreza, muy pronto extravió su propósito y terminó beneficiando a familias de todos los niveles socioeconómicos, residentes en zonas urbanas, muchas de las cuales no pertenecían a segmentos más pobres de las comunidades.
En las últimas evaluaciones Coneval se estimó que más del 50 por ciento de los apoyos se habían desviado a favor de hogares que no estaban comprendidos en la población objetivo de este proyecto.
Otro gran problema, acaso el de mayor impacto negativo, era que los recursos no se entregaban a las familias, sino a los propietarios de las estancias, quienes invertían una parte en habilitar o refaccionar las instalaciones de las estancias, y la otra parte de los recursos se entregaba también a las estancias, bajo la forma de becas que abarataban el costo de las cuotas que las estancias cobraban a los padres por los cuidados otorgados a sus hijo(a)s.
En este manejo errático había más inconsistencias, pero con lo dicho ya tenemos una idea clara de que este programa nunca tuvo un diseño adecuado para cumplir con el objetivo y las metas propuestas en su diseño.
No podía hacerlo porque la mayor parte de los recursos se entregaban a intermediarios que no cumplían el propósito de ofrecer sus servicios subsidiados por el gobierno a las familias más vulnerables, sino a las residentes en sus áreas de influencia.
Además adolecía de un gran problema con el manejo de los recursos, porque los pagos a intermediarios dificultaban hasta hacer imposible supervisar y auditar su trayecto, al punto de que tan sólo en 2018 la cantidad de apoyos realizados, que este programa no pudo probar, ascendió a miles de beneficiarios no identificados adecuadamente.
Por estas razones fue que el programa se fue transformando, modificando su diseño para que cumpliera, sin rodeos, con el objetivo de materializarse en un apoyo efectivo para mejorar la capacidad de cuidado de las familias más vulnerables de México.
Desde 2019 empezó su transformación con el diseño de un nuevo concepto de cobertura que claramente se definió para sólo favorecer a las familias más vulnerables, estableciendo un orden de prioridad que en los primeros meses se concentró en asegurar apoyos entregados directamente a los padres o tutores de comunidades indígenas.
Posteriormente se ha ampliado para apoyar familias que viven en pobreza extrema, en poblaciones y barrios marginados, zonas críticas, afectadas por altos niveles de violencia y últimamente a comunidades radicadas en las fronteras.
El cuidado puesto en esta nueva focalización ha sido estricto y se mantiene un escrutinio permanente, practicado por personal de la ASF.
También se decidió hacer una entrega personalizada y directa de los recursos a las familias, titulando su entrega a los padres o tutores, prefiriendo en todos los casos el uso de la banca electrónica y cuando no es posible mecanismos intensamente vigilados y protegidos , como lo son las mesas de pago operadas por los Servidores de la Nación.
Finalmente, sólo me resta confirmar el éxito de esta nueva forma de organizar este programa que, en el caso de Chihuahua ya es manifiesto, si se tiene en cuenta que hoy tenemos la absoluta certeza de que el número de familias beneficiadas con este programa asciende a más de 30 mil, cuando en la época de las estancias (diciembre de 2018) en un ambiente cargado de dudas, sólo beneficiaba a cuatro mil niñas y niños.
Tales dudas estuvieron relacionadas con la existencia de dos mil beneficiarios, de seis mil empadronados, que nunca fueron localizados.
Ahora tenemos la garantía de que la cuarta transformación avanza sobre ruedas y sigue creciendo y favoreciendo, con programas como éste, a las familias más vulnerables de México.
En este programa tenemos otra evidencia de que el gobierno de la 4T le cumple al pueblo de México y muy especialmente a todos los chihuahuenses.
