/ domingo 18 de julio de 2021

Los retos en la lucha contra la corrupción y la impunidad

Por: Liliana Ochoa

El combate a la corrupción, desde todas las trincheras, es en sí un reto; la corrupción no solamente es un monstruo de discurso, pensemos que este mal es también causa y consecuencia, la corrupción mata y aniquila las oportunidades de crecimiento para las personas.

Este mal afecta de manera mundial al desarrollo económico y social se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual está formado por tres partes: 1-por el Comité Coordinador, que a su vez está integrado por: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y presidido por el Comité de Participación Ciudadana, 2-por los municipios y 3-por el Comité de Participación Ciudadana.

Desde el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas, estamos convencidos de que esta lucha pertenece al espectro público, es decir lo que es de todos, entonces somos todas las personas quienes debemos encabezarla.

Parte de los grandes retos en el tema es promover la participación ciudadana desde los espacios de las personas y las instituciones, puesto que esta sinergia es lo que nos va a permitir un control efectivo y una rendición de cuentas apropiada. Se debe trabajar de manera colaborativa, principio básico de la creación de este Sistema Anticorrupción.

Para disminuir los espacios permisivos y arbitrarios tenemos que tener en consideración que no puede haber exigencia ciudadana sin que los gobiernos y sus instituciones tengan la voluntad de que exista la participación, puesto que, al encontrarse con trabas, problemas o simplemente una negativa, la ciudadanía pierde el interés. Simultáneamente, si los gobiernos abren la información y las personas no quieren participar porque creen que no va a pasar nada o que siempre es lo mismo, no se logra el objetivo, por lo que este reto en particular debe de reforzarse por ambas vías. Recordemos también que esto nace de compromisos internacionales y nacionales, principios de un mejor y más eficiente gobierno.

Otro punto a trabajar es el tema de la impunidad, definida por Naciones Unidas como la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad por parte de los autores de violaciones; desde mi percepción, para poder disminuir los niveles de corrupción y no sólo en el servicio público, sino también en el sector privado, se deben crear mecanismos y estrategias para erradicar la impunidad; es aquí donde las acciones preventivas tienen cabida, pues a medida que vayamos pensando en forma propositiva que vayamos fomentando la cultura de la integridad, ésta podrá permear en todos los niveles de la sociedad y así se logrará que podamos vivir en un verdadero estado de derecho.

El camino contra la corrupción es largo, pero entre mayor coordinación exista entre las instituciones y más personas ciudadanas participen, los trabajos no sólo serán más rápidos y eficientes, serán sostenibles y eficaces para acabar la corrupción y transformar el servicio público en uno abierto, transparente y honesto.

Por: Liliana Ochoa

El combate a la corrupción, desde todas las trincheras, es en sí un reto; la corrupción no solamente es un monstruo de discurso, pensemos que este mal es también causa y consecuencia, la corrupción mata y aniquila las oportunidades de crecimiento para las personas.

Este mal afecta de manera mundial al desarrollo económico y social se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual está formado por tres partes: 1-por el Comité Coordinador, que a su vez está integrado por: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y presidido por el Comité de Participación Ciudadana, 2-por los municipios y 3-por el Comité de Participación Ciudadana.

Desde el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas, estamos convencidos de que esta lucha pertenece al espectro público, es decir lo que es de todos, entonces somos todas las personas quienes debemos encabezarla.

Parte de los grandes retos en el tema es promover la participación ciudadana desde los espacios de las personas y las instituciones, puesto que esta sinergia es lo que nos va a permitir un control efectivo y una rendición de cuentas apropiada. Se debe trabajar de manera colaborativa, principio básico de la creación de este Sistema Anticorrupción.

Para disminuir los espacios permisivos y arbitrarios tenemos que tener en consideración que no puede haber exigencia ciudadana sin que los gobiernos y sus instituciones tengan la voluntad de que exista la participación, puesto que, al encontrarse con trabas, problemas o simplemente una negativa, la ciudadanía pierde el interés. Simultáneamente, si los gobiernos abren la información y las personas no quieren participar porque creen que no va a pasar nada o que siempre es lo mismo, no se logra el objetivo, por lo que este reto en particular debe de reforzarse por ambas vías. Recordemos también que esto nace de compromisos internacionales y nacionales, principios de un mejor y más eficiente gobierno.

Otro punto a trabajar es el tema de la impunidad, definida por Naciones Unidas como la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad por parte de los autores de violaciones; desde mi percepción, para poder disminuir los niveles de corrupción y no sólo en el servicio público, sino también en el sector privado, se deben crear mecanismos y estrategias para erradicar la impunidad; es aquí donde las acciones preventivas tienen cabida, pues a medida que vayamos pensando en forma propositiva que vayamos fomentando la cultura de la integridad, ésta podrá permear en todos los niveles de la sociedad y así se logrará que podamos vivir en un verdadero estado de derecho.

El camino contra la corrupción es largo, pero entre mayor coordinación exista entre las instituciones y más personas ciudadanas participen, los trabajos no sólo serán más rápidos y eficientes, serán sostenibles y eficaces para acabar la corrupción y transformar el servicio público en uno abierto, transparente y honesto.