Extrañamente, con bastante prisa y en una actitud que invita a pensar que era una necesidad imperiosa, el Gobierno del Estado conformó el Sistema Estatal Anticorrupción, simulando una legalidad inexistente, sin importar que aún están pendientes organismos a conformar y con una avalancha de señalamientos y descalificaciones.
Sin embargo, se la aventaron, con tentáculos, unos truncos y otros enfermos, pero la conformaron de la siguiente manera:
A la cabeza, el presidente del Comité de Participación Ciudadana José Antonio Enríquez Tamez, quien fue designado presidente a pesar de su militancia en el Partido Acción Nacional desde 1985, lo cual suponía un impedimento legal de acuerdo a la propia convocatoria, será a su vez presidente del Comité Coordinador Estatal. Este está conformado por otras seis personas titulares de las dependencias gubernamentales relacionadas a la fiscalización de la cuenta pública y a los hechos de corrupción.
Uno.- La Auditoría Superior del Estado (ASE), en la persona de Armando Valenzuela encargado del despacho, quien durará en su cargo hasta en tanto se lleve a cabo el nombramiento definitivo del auditor superior. El Oso Valenzuela dejó de tener funciones desde que Ignacio Rodríguez tomó protesta, sin que hoy por hoy pueda ser reconocido como auditor superior del estado.
Dos.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; no hay fiscal anticorrupción; no existe.
Tres.- El Tribunal de Justicia Administrativa, pendiente de conformar. No existe.
Cuatro.- El Consejo de la Judicatura; en la figura de Julio César Jiménez Castro, con su nombramiento de presidente pendiendo de un hilo por la resolución pendiente de la Corte en los próximos días, lo que puede llevar a desmembrar el Consejo de la Judicatura ante los excesos de funciones que le otorgaron.
Cinco.- La Secretaria de la Función Pública, en la figura de Estéfany Olmos, tres veces sancionada por la Función Pública Federal por no cumplir con sus responsabilidades.
Seis.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). Alejandro de la Rocha no ha querido acatar el mandato de un juez federal de entregar a Rodolfo Leyva el nombramiento de presidente.
La cabeza y seis tentáculos de un pulpo que decidido a enfrentar la corrupción…
¡No puede moverse!... ¡bonita familia!...
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