En los últimos años los chihuahuenses no habían vivido con tanta intensidad un problema como el que hoy representa el destino del agua de las presas de Chihuahua, frente al compromiso de cumplir con la entrega de la cuota que a nuestro país le urge pagar para satisfacer los compromisos de un tratado internacional que, a lo largo de casi 75 años, siempre se había respetado.
Los agricultores, cuyos cultivos dependen del suministro directo de las presas situadas en las zonas de riego del centro del estado, han actuado con la convicción de que la única solución es evitar que el pago de esos compromisos se haga con el agua almacenada en las presas de Chihuahua, obrando bajo la certeza de que en lo inmediato será indispensable para asegurar el riego de sus tierras. De esta certeza ha emanado una demanda: ¡Cierren las compuertas! ¡Su agua es indispensable para asegurar nuestros cultivos!
Compartiendo esta demanda, actores políticos con diversos intereses se han sumado en apoyo a los agricultores, con la viva esperanza de que la inconformidad se transforme en un conflicto de mayores dimensiones y alcances. Con ello y por ellos una parte importante de los medios locales de comunicación también se han sumado a la protesta y en los últimos días, cuando ya amenaza en tornarse en un conflicto de mayores proporciones, el gobierno del estado, en una larga conferencia de prensa, por primera vez ofrece argumentos y cifras, todas destinadas a sustentar la posición de los agricultores inconformes.
Ante este concierto de voces que actúan con la certidumbre de que la única salida es cerrar las compuertas y que parecen decididos a sostener su postura a cualquier precio, no queda otra respuesta que cuestionar la validez de sus argumentos.
La principal duda que inquieta a un ciudadano que sepa de la historia del Tratado de Aguas de 1944 es muy simple y contundente: ¿Por qué hasta ahora? después de casi 75 años, el destino de la agricultura de nuestro estado está en peligro a causa del agua que las presas de Chihuahua deben entregar a los Estados Unidos. ¿No hubo en el pasado un momento de crisis, una sequía que ameritara una irritación semejante?
Los conocedores de los efectos letales del cambio climático que nos acecha podrían confirmar que, junto a otros males, los peores vaticinios se han expresado este año en nuestro territorio en forma de una sequía severísima que justifica una defensa ciega de este recurso vital. Sin embargo, esto no parece un argumento muy sólido, porque los efectos climáticos no son de ahora y en no pocas ocasiones se han presentado en otras temporadas y nunca dieron lugar a una protesta semejante.
Ahora bien, la emergencia de la posición recién documentada del gobierno del estado, avalada por expertos sumamente calificados en estos asuntos ¿por qué se expresa en la última hora? Cuando como científicos que son, estos efectos en el clima de nuestro estado debieron ser anticipados en su programa de gobierno. ¿Cuatro años no fueron suficientes para adelantarse a los campesinos? Y desde muy temprano haber propuesto una revisión oportuna y documentada del tratado que redujera nuestras contribuciones a lo que realmente podríamos aportar. ¿Por qué tan tarde? Y sólo después que los agricultores trazaron el camino.
En verdad me recuerdan una de las celebradas expresiones del Dr. Víctor Manuel Oropeza, quien, en uno de sus artículos, de aquel lejano y nunca olvidable verano 1986, comentaba, palabras más palabras menos: Los malos científicos parecen médicos forenses, pueden explicar de qué murió el paciente, pero nunca a tiempo para remediar sus males.
El recuerdo es oportuno porque entre los protagonistas esta semana apareció en el escenario, al menos un personaje de aquel verano, quien, ilegítimamente, después de violentar y pisotear nuestros preceptos electorales, se hizo por la fuerza del gobierno de nuestro estado. Pero lo traigo a cuento, no por su proceder deshonesto de aquel momento, sino porque ahora parece haber resucitado a la política para encabezar la protesta que no tiene otro fin que impedir el cumplimiento del Tratado de 1944.
Su nueva vida política no parece más legítima que en el pasado, porque todos sabemos que durante su gobierno (1986-1992), nada hizo para impedir el cumplimiento del tratado que hoy cuestiona con tanto celo. Hay evidencia de que durante los ciclos hídricos que transcurrieron durante su gobierno jamás se opuso a la entrega del agua reglamentada en ese tratado internacional, por el contrario, seguramente como gobernante facilitó su estricto cumplimiento.
Finalmente, sólo me resta comentar que quienes alientan las protestas desde posiciones de poder, con supuesta autoridad científica o moral, están llegando muy tarde a la solución de los problemas de Chihuahua. Por un lado, el gobierno de Javier Corral, a destiempo, ha dado la voz a sus técnicos y científicos para que justifiquen, arropados en el manto del saber, el incumplimiento de un Tratado Internacional; en el otro, un exgobernador, marcado por un expediente electoral que ocupa un capítulo imborrable de nuestra memoria colectiva, con extrema incongruencia, nos convoca a luchar en contra de lo que él en su tiempo respetó puntualmente.
