/ jueves 20 de agosto de 2020

Lozoya, de chivo expiatorio a delator

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya pasó de ser un chivo expiatorio del actual gobierno federal a denunciante de sus anteriores jefes Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como de Felipe Calderón.

El año pasado Lozoya fue acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht, el cual destinó a la campaña presidencial de Peña Nieto. Además, se le involucró en la compra fraudulenta de una planta fertilizante y de entregarles dinero a legisladores opositores para sacar adelante la reforma energética.

Junto con Rosario Robles, exsecretaria en el anterior sexenio, parecía que eran los dos chivos expiatorios de la corrupción que caracterizó al gobierno peñista.

Sin embargo, en este año, debido al cabildeo realizado por el padre de Emilio, ya detenido en España y en proceso de extradición, se logró un acuerdo ventajoso para el acusado y su familia con la FGR. El convenio fue que Lozoya declararía en contra de quienes supuestamente le ordenaron que llevara a cabo los anteriores ilícitos.

Para el gobierno federal acusar a expresidentes y exsecretarios es más provechoso que sólo detener a un funcionario de segundo nivel como lo fue Emilio.

La inconformidad de Rosario Robles porque a ella también se le deje en libertad durante su proceso fue respondida polémicamente por el fiscal Gertz Manero: a Lozoya se le daba un trato preferente debido a que colabora con las indagaciones, mientras que ella se niega a involucrar a sus cómplices de la estafa maestra, la cual fue de unos 15 mil millones de pesos.

Ahora bien, con la denuncia de Emilio inicia el gran show en el que se espera comparezcan ante el juez no sólo Peña Nieto sino también Calderón, algo hasta ahora nunca visto en el país.

En tiempos de severas crisis como la sanitaria, la económica y la de seguridad pública, el juicio en contra de los expresidentes, si es que la fiscalía puede sustentarlo, sería un buen distractor de la atención pública. Claro que como todo espectáculo mediático dependerá si los llamados a declarar comparecen o si se desvanecen las acusaciones de Emilio por falta de pruebas sólidas y bien fundamentadas.

La estrategia presidencial parece ser políticamente acertada, pero habría que ver si también lo es jurídicamente, pues de lo contrario terminaría en un fiasco que indignaría aún más a los mexicanos.

Mientras la FGR arma sus carpetas de investigación en contra de los exfuncionarios de alto nivel involucrados en la denuncia de Lozoya, éste permanece tranquilo y cómodamente arraigado en su residencia firmando quincenalmente a distancia, mientras Rosario Robles sigue en prisión después de un año de haber sido arrestada.

La prédica juarista parece seguir siendo aplicada por el actual gobierno federal: para los amigos justicia con gracia, mientras que para los enemigos justicia a secas. En este caso cada vez es más claro quién es el amigo y quién el enemigo del actual sexenio.

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya pasó de ser un chivo expiatorio del actual gobierno federal a denunciante de sus anteriores jefes Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como de Felipe Calderón.

El año pasado Lozoya fue acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht, el cual destinó a la campaña presidencial de Peña Nieto. Además, se le involucró en la compra fraudulenta de una planta fertilizante y de entregarles dinero a legisladores opositores para sacar adelante la reforma energética.

Junto con Rosario Robles, exsecretaria en el anterior sexenio, parecía que eran los dos chivos expiatorios de la corrupción que caracterizó al gobierno peñista.

Sin embargo, en este año, debido al cabildeo realizado por el padre de Emilio, ya detenido en España y en proceso de extradición, se logró un acuerdo ventajoso para el acusado y su familia con la FGR. El convenio fue que Lozoya declararía en contra de quienes supuestamente le ordenaron que llevara a cabo los anteriores ilícitos.

Para el gobierno federal acusar a expresidentes y exsecretarios es más provechoso que sólo detener a un funcionario de segundo nivel como lo fue Emilio.

La inconformidad de Rosario Robles porque a ella también se le deje en libertad durante su proceso fue respondida polémicamente por el fiscal Gertz Manero: a Lozoya se le daba un trato preferente debido a que colabora con las indagaciones, mientras que ella se niega a involucrar a sus cómplices de la estafa maestra, la cual fue de unos 15 mil millones de pesos.

Ahora bien, con la denuncia de Emilio inicia el gran show en el que se espera comparezcan ante el juez no sólo Peña Nieto sino también Calderón, algo hasta ahora nunca visto en el país.

En tiempos de severas crisis como la sanitaria, la económica y la de seguridad pública, el juicio en contra de los expresidentes, si es que la fiscalía puede sustentarlo, sería un buen distractor de la atención pública. Claro que como todo espectáculo mediático dependerá si los llamados a declarar comparecen o si se desvanecen las acusaciones de Emilio por falta de pruebas sólidas y bien fundamentadas.

La estrategia presidencial parece ser políticamente acertada, pero habría que ver si también lo es jurídicamente, pues de lo contrario terminaría en un fiasco que indignaría aún más a los mexicanos.

Mientras la FGR arma sus carpetas de investigación en contra de los exfuncionarios de alto nivel involucrados en la denuncia de Lozoya, éste permanece tranquilo y cómodamente arraigado en su residencia firmando quincenalmente a distancia, mientras Rosario Robles sigue en prisión después de un año de haber sido arrestada.

La prédica juarista parece seguir siendo aplicada por el actual gobierno federal: para los amigos justicia con gracia, mientras que para los enemigos justicia a secas. En este caso cada vez es más claro quién es el amigo y quién el enemigo del actual sexenio.