La historia universal —en todas las épocas y latitudes— nos ofrece un sinnúmero de ejemplos de gobernantes tanto sabios como ignorantes, prudentes e imprudentes, sinceros y mentirosos, realmente preocupados por el bien de sus pueblos y tiranos ególatras, justos y autoritarios. Por lo cual concluyo que no es lo mismo gobernar que ser un buen gobernante y que tener la capacidad de mandar no es lo mismo que tener la razón.
Esta semana una señora de la tercera edad me comentó de las discrepancias entre los miembros de su familia, pues ella no se ha decidido a vacunarse. Todo comenzó porque recibió una llamada de una mujer desconocida que le preguntó si estaba dispuesta a recibir la vacuna. Ella cuestionó cuál le estaban ofreciendo y la respuesta fue: “Yo no sé, a mí sólo me toca preguntar quiénes quieren ser vacunados”. A continuación le dijo que más tarde le llamarían para informarle a dónde debería ir para recibir la dosis, sin aclararle si necesitaría una o dos aplicaciones.
Si algo está claro en todo esto es que no está claro nada. Tenemos más de un año recibiendo a diario todo tipo de informaciones y datos controvertidos a nivel mundial. Aquellos que se dicen expertos de la pandemia no se ponen de acuerdo. Las autoridades civiles y sanitarias hacen afirmaciones y al día siguiente se contradicen. Quienes tienen el deber de poner ejemplo en los cuidados a seguir actúan irresponsablemente poniendo en riesgo a propios y extraños, llegando al extremo de ser colaboradores morales (culpables en muchos casos) de las muertes de miles de personas.
Considerando todo lo dicho, estoy convencido de que es absolutamente válida la siguiente pregunta: ¿Yo confío en las autoridades? Entiéndase con claridad que yo tengo la obligación de respetar a las autoridades, pero nadie me puede obligar a creer en lo que ellas dicen. En lo que a mí respecta, puedo afirmar con toda claridad que: Yo no confío en los gobernantes en lo que respecta a estos temas de sanidad.
Si no se me informa con absoluta certeza sobre qué vacunas me ofrecen, cuáles son las garantías de su efectividad, cuáles son los efectos secundarios que pueden ocasionar, cuántas dosis se requieren, y por qué han de ser unos señores, así llamados “siervos de la nación”, de los cuales desconozco su preparación quienes se han de ocupar de tan delicada labor. Pero entiendo que no son médicos ni enfermeros ni paramédicos, sino simples asalariados y, por lo tanto, no se les puede responsabilizar de los posibles daños causados.
El gobierno está obligado por la Justicia Distributiva a facilitar los medios seguros y necesarios para proteger a la población, y para ello puede disponer de un dinero que es del pueblo, o sea, nuestro, y también tiene el deber de informarnos cómo está utilizando esos recursos. Además, y esto es básico, toda persona tiene el derecho inalienable a ser completa y perfectamente informado de los servicios sanitarios que se le ofrecen.
