Por: Comité de Participación Ciudadana
Las instituciones públicas integrantes de un gobierno tienen bajo su responsabilidad de manera directa o indirecta tomar decisiones que en su mayoría definen el rumbo o marcan una pauta importante en el precedente de la vida de los ciudadanos, sin importar el medio en el que éstos se desenvuelvan, sector privado, sector público, sector empresarial, sector académico, sociedad civil, etc. Ya que son decisiones que implican procesos o acciones involucradas cien por ciento en cuestiones públicas del estado, por mencionar algunas de ellas, garantizar los derechos de acceso a la información, garantizar el cuidado y la protección de los datos sensibles y personales, garantizar los derechos humanos, la impartición de la justicia, la participación ciudadana en la toma de decisiones garantizando el involucramiento y la integración de los ciudadanos en los procesos públicos, garantizar la equidad en los beneficios de apoyos a los sectores más desprotegidos, entre otros.
Es por esto que se vuelve tan importante y de vital cuidado y manejo el desempeño de las personas encargadas de estas instituciones públicas en el desarrollo de sus actividades y tareas, sin perder de vista que estas fortalezas existen durante los procesos de selección mediante los cuales se eligen a las personas idóneas que presidirán estas dependencias, mediante la emisión de convocatorias en las que se hará del conocimiento público los requisitos que deberán poseer las personas interesadas, así como la metodología de la o las evaluaciones que garanticen la selección de los mejores perfiles en base al mérito, a la formación profesional, a la experiencia y conocimiento y en igualdad de oportunidades, estos procesos deberán ser garantizados siendo conducidos de manera abierta a la ciudadanía, públicos en toda su información, de manera clara, precisa y transparente, en alcance para su observancia y seguimiento, y en apego a lo establecido por la ley fortaleciendo con esto la legitimidad de las dependencias de gobierno así como de las personas que acceden y participan en ellos. Tratando de prevenir todos aquellos factores que pudiesen afectar en su autonomía e independencia en las decisiones durante los procesos de investigación y en su caso sanción de los casos de delitos por hechos de corrupción y/o faltas administrativas graves.
Tomando en cuenta estos principios será posible que las dependencias de gobierno defiendan los derechos de las personas, salvaguardando su integridad y mejorando su calidad de vida.
