Cuando un ciudadano acude ante cualquier autoridad está obligado por ley a no mentir, incluso en diversas diligencias los funcionarios públicos le explican que debe conducirse con verdad sobre los hechos, le reconviene que puede ser sancionado hasta con pena de cárcel en caso de no hacerlo, fundados en el delito de falsedad en declaración ante una autoridad.
En contraposición, autoridades que al asumir el cargo juran cumplir y hacer cumplir las leyes, en cualquier poder del estado y en los tres niveles de gobierno, pareciera que están autorizados a mentir; lo mismo encontramos en las dependencias a servidores públicos que sin mayor consecuencia faltan a la verdad, hasta en los detalles más mínimos a usted y a mí, con excusas para no proporcionar con eficacia y eficiencia un servicio público, en boletines de prensa, en trámites que supuestamente no pueden realizarse, investigaciones sesgadas al perseguir delitos, partes policiacos, en discursos en la tribuna legislativa, resoluciones judiciales para tendenciosamente favorecer a alguna de las partes, podríamos interminablemente citar botones que lo ilustren.
Esta circunstancia merece un replanteamiento, se hace necesario incorporarse a las leyes ejemplares sanciones para los servidores públicos que nos mienten; en otros países estas conductas son fuertemente sancionadas, quien no recuerda a Bill Clinton acusado de haber mentido sobre relaciones íntimas con una exbecaria de la Casa Blanca, situación que lo tuvo al grado de ser destituido del máximo cargo como presidente de la Nación.
Los mexicanos desde que recuerdo y hasta la fecha, hemos sido testigos mudos del comportamiento antiético de quienes ostentan en mayor o menor grado el poder; de cortinas de humo, de otros datos, de expedientes inventados para arribar a verdades históricas, de la creación de escándalos que borren otros, un sinfín de conductas que han lesionado la credibilidad en las instituciones, todo ello sin ninguna sanción.
La corrupción en mi opinión no sólo se constriñe a beneficiarse de dinero público en cualquier modalidad, el nepotismo o el tráfico de influencias, el perjurio debe ser también así considerado, un reprochable acto de corrupción, como ya ocurría en el derecho romano génesis del nuestro; debe ser considerado una felonía, pues significa grave traición y deslealtad al pueblo; debe entonces sancionarse con ejemplaridad, no puede seguir habiendo margen para la manipulación sin que eso conlleve un mínimo de responsabilidad para sus autores, como sociedad debemos exigirlo, pues el costo de no hacerlo es seguir condenados a la desconfianza en la burocracia y en los políticos, pues pareciera que la condición humana sino encuentra diques se desborda; es tiempo de poner un alto a esas conductas, ello quizás sea la base para recuperar la credibilidad y reinventar nuestras instituciones.
