Por: Gustavo Madero
Según relata @AlfredoLecona, fue a partir de un twit de Alejandro Madrazo (@BuenMadrazo) director del @CIDE_MX Región Centro, el 24 de julio de 2019 que decía: “¿Hasta el combate al sargazo vamos a militarizar?”, surgió la idea de contabilizar las funciones civiles que se han venido transfiriendo a las fuerzas armadas de nuestro país. Y acuñó el #InventarioDeLoMilitarizado que derivó en un importante ejercicio académico elaborado por México Unido Contra la Delincuencia y el Programa de Política de Drogas del CIDE.
El Inventario de lo Militarizado registra ya 246 funciones que se han transferido de la administración civil a la castrense. Muchas sin un soporte legal y con una elevada opacidad de los elevados recursos que crecientemente se les asigna a las fuerzas armadas.
Todo empezó cuando la SCJN validó la participación del secretario de la Defensa y del secretario de la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 1996 y legitimó la violación del Art. 129 Constitucional que establece que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
En 2006, el presidente Felipe Calderón abiertamente recurre al Ejército y a la Marina en la lucha contra las drogas, por lo que en 2009 propuso la figura de “Declaración de Existencia de una Afectación a la Seguridad Interior”, pero no fue aprobada en el Congreso.
Ante las presiones del Ejército para poder tener un fundamento legal a su actuación en labores restringidas, el presidente Peña publicó en el DOF del 21 de diciembre de 2017 una nueva Ley de Seguridad Interior, pero fue declarada inconstitucional el 15 de noviembre de 2018.
El presidente López Obrador desapareció a la Policía Federal y en marzo de 2019 se aprobó la creación de una Guardia Nacional de carácter civil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto los amparos, las acciones ni las controversias constitucionales de la Ley de la Guardia Nacional que López Obrador abiertamente militarizó, violando la Constitución que la concibió en su artículo 21 como una institución policial de carácter civil y que explícitamente limitó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a que lo hicieran “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. (Art 5º Transitorio).
El presidente López Obrador ignoró estas restricciones y convirtió a la Guardia Nacional en un apéndice de la Secretaría de la Defensa e incumplió su obligación de fortalecer a las policías estatales y municipales como se lo exige el Art 7º Transitorio.
Asignarles a las fuerzas castrenses cada vez más funciones y recursos ha llegado al grado de concentrar la mayor cantidad de presupuesto de toda la administración pública, sólo por debajo de la SEP.
Pero tristemente nada de eso preocupa a la población, como lo muestra la encuesta de Buendía&Marquez que revela que un 80% de los mexicanos “están a favor o muy a favor de una mayor presencia de los militares en la lucha contra el crimen organizado”.
Isavelle Arroyo en su artículo en Nexos tipifica éste como un nuevo régimen: ese en el que los militares se apropian de la administración pública sin tomar la jefatura de Estado.
Es curioso cómo hay tanto apoyo popular a políticas que debilitan la formación de un Estado democrático, civil y ciudadano.
Pero militarizar la seguridad pública y asignarla a un mando castrense es práctica característica de los gobiernos autoritarios, por lo que los ciudadanos comprometidos debemos hacer algo para revertir este proceso.
