/ jueves 21 de julio de 2022

México y el “actual” Estado de Derecho


Eduardo Fernández Ponce

“Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos”

Marco Tulio CICERON (106 – 43 a.C)


El cumplimiento al Estado de Derecho es de suma importancia porque le da esencia y vida institucional a toda una nación que es el soporte fundamental en la actividad económica, social, política, etc. siendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial su escudo protector, pues de ello depende la estabilidad, desarrollo y paz social de todos los mexicanos.


Sin embargo el juego de sombras que el presidente Obrador ha impuesto no sólo a sus legisladores –incondicionales-, sino al gabinete integro, incluso a su frecuente injerencia en el poder judicial, conduce a pensar (al no existir oposición) que quien lo suceda estará al arbitrio ciego de éste, donde lamentablemente continuará erosionándose nuestras instituciones. Ello es el resultado de no contar con condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población; sin igualdad de oportunidades, con un acceso a una justicia deficiente y la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, en medio de un pantano dantesco de miles de homicidios, donde nuestro país más que nunca está sumiso en la anarquía. Más millones de pobres, hospitales sin medicamentos, pandemia enfrentada sin estrategias con varios cientos de muertes, migración galopante, etc.

A los pregoneros de la 4T que sostienen que los medios de comunicación “conservadores y neoliberales” carecen de argumentos y niegan los avances del gobierno federal, le recomendamos ingresen en Google al portal de World Justice Projet en su apartado Rule of Law Index respaldada por Naciones Unidas, basados en datos que proporcionan los gobiernos nacionales. Sometidos a diversos factores a analizar y que son: La transparencia, derechos humanos, corrupción, orden y seguridad, democracia, justicia criminal y justicia civil.

Ahí se establece una lista de 139 países en orden decreciente de cómo y por qué estas naciones son calificadas dentro del cumplimiento del Estado de Derecho, donde México ocupa un desastroso lugar 113. Quienes encabezan la lista son Noruega y Dinamarca con óptimo desempeño. Lo absurdo es el comparativo de México ante el continente africano sólo superado negativamente por Eqipto, Mauritania, Rep. Del Congo y Camerún. En Latinoamérica somos los peores, salvo, Honduras (126), Bolivia (129), Nicaragua (131) y Venezuela (139) y en donde Cuba se negó a ser evaluada porque ahí la ley es la dictadura. Para Rule of Law Index, los mejores en Latino América son Uruguay (23), Costa Rica (25) y Chile (26). Si Chihuahua fuese país estaría en el sitio 63, puntuación 0.41 similar a Tonga y Botswana.

Si partimos de la declaración del 6 de abril del 2022 donde categóricamente señaló el presidente Obrador ante una resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica: “No me vengan con ese cuento, con que la ley es la ley”, estamos sin duda alguna ante a una postura similar sobre aquella famosa expresión del monarca francés Luis XIV: El Estado soy yo”. A diferencia del presidente Obrador que pertenece a un régimen republicano y democrático, jurando su mandato ante el Poder Legislativo para hacer valer la constitución. A todo esto resultan muy ciertas aquellas palabras del escritor brasileño Paulo Coelho, al citar que cuando un político de izquierda dice que acabará con la pobreza, sin duda se refiere a la Suya.


Eduardo Fernández Ponce

“Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos”

Marco Tulio CICERON (106 – 43 a.C)


El cumplimiento al Estado de Derecho es de suma importancia porque le da esencia y vida institucional a toda una nación que es el soporte fundamental en la actividad económica, social, política, etc. siendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial su escudo protector, pues de ello depende la estabilidad, desarrollo y paz social de todos los mexicanos.


Sin embargo el juego de sombras que el presidente Obrador ha impuesto no sólo a sus legisladores –incondicionales-, sino al gabinete integro, incluso a su frecuente injerencia en el poder judicial, conduce a pensar (al no existir oposición) que quien lo suceda estará al arbitrio ciego de éste, donde lamentablemente continuará erosionándose nuestras instituciones. Ello es el resultado de no contar con condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población; sin igualdad de oportunidades, con un acceso a una justicia deficiente y la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, en medio de un pantano dantesco de miles de homicidios, donde nuestro país más que nunca está sumiso en la anarquía. Más millones de pobres, hospitales sin medicamentos, pandemia enfrentada sin estrategias con varios cientos de muertes, migración galopante, etc.

A los pregoneros de la 4T que sostienen que los medios de comunicación “conservadores y neoliberales” carecen de argumentos y niegan los avances del gobierno federal, le recomendamos ingresen en Google al portal de World Justice Projet en su apartado Rule of Law Index respaldada por Naciones Unidas, basados en datos que proporcionan los gobiernos nacionales. Sometidos a diversos factores a analizar y que son: La transparencia, derechos humanos, corrupción, orden y seguridad, democracia, justicia criminal y justicia civil.

Ahí se establece una lista de 139 países en orden decreciente de cómo y por qué estas naciones son calificadas dentro del cumplimiento del Estado de Derecho, donde México ocupa un desastroso lugar 113. Quienes encabezan la lista son Noruega y Dinamarca con óptimo desempeño. Lo absurdo es el comparativo de México ante el continente africano sólo superado negativamente por Eqipto, Mauritania, Rep. Del Congo y Camerún. En Latinoamérica somos los peores, salvo, Honduras (126), Bolivia (129), Nicaragua (131) y Venezuela (139) y en donde Cuba se negó a ser evaluada porque ahí la ley es la dictadura. Para Rule of Law Index, los mejores en Latino América son Uruguay (23), Costa Rica (25) y Chile (26). Si Chihuahua fuese país estaría en el sitio 63, puntuación 0.41 similar a Tonga y Botswana.

Si partimos de la declaración del 6 de abril del 2022 donde categóricamente señaló el presidente Obrador ante una resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica: “No me vengan con ese cuento, con que la ley es la ley”, estamos sin duda alguna ante a una postura similar sobre aquella famosa expresión del monarca francés Luis XIV: El Estado soy yo”. A diferencia del presidente Obrador que pertenece a un régimen republicano y democrático, jurando su mandato ante el Poder Legislativo para hacer valer la constitución. A todo esto resultan muy ciertas aquellas palabras del escritor brasileño Paulo Coelho, al citar que cuando un político de izquierda dice que acabará con la pobreza, sin duda se refiere a la Suya.