Detienen a ex alcalde de Chínipas por crimen de Miroslava
99% de los delitos contra los periodistas quedan impunes en México
En medio del proceso electoral más importante y complejo de la historia moderna de México, se abre de nuevo la investigación sobre el crimen de Miroslava Breach Velducea, cuando muchos creían que con la sentencia de uno de los implicados “era caso cerrado”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos detuvo al ex alcalde panista del municipio de Chínipas, Hugo “S”, quien aparentemente actuó como auxiliar de los autores (intelectual y material) del homicidio de la periodista, el día 23 de marzo del 2017 en la ciudad de Chihuahua.
En marzo de este año, un juez federal del Centro de Justicia Penal de Chihuahua declaró culpable a Juan Carlos “M”, alias el Larry, del homicidio de la corresponsal del periódico La Jornada y El Norte de Juárez. Y en abril se le dictó 50 años de prisión. Parecía que el caso estaba cerrado.
El juez consideró la participación del Larry en el hecho criminal, en represalia por el trabajo periodístico que denunciaba el nexo del crimen organizado con políticos del estado, además del desplazamiento de indígenas en “zonas de control”.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, el Tribunal Unitario de Circuito logró establecer la probable responsabilidad de Hugo "S” (actual funcionario de la coordinación en la región serrana de la Secretaría de Educación y Deporte) debido a que entregó información (las grabaciones) a un grupo delincuencial.
En este caso hay otros políticos implicados, que la Fiscalía de Chihuahua los habría considerado como “testigos protegidos”. En pocas palabras, la investigación apenas empieza.
Importantes organismos de periodistas y de la sociedad civil (nacionales e internacionales) presionaron al gobierno federal para que no se cerrara la investigación, pues en México hay un 99% de impunidad. Este lamentable hecho se convirtió en un símbolo del periodismo mexicano.
Al respecto, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió: “En un ambiente donde los periodistas se vuelven víctimas expiatorias, los modelos democráticos están en gran peligro”.
Y fue hasta el año de 2019 cuando el “Proyecto Miroslava” (integrado por el Colectivo 23 de Marzo, Bellingcat, Forbidden Stories y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas) evidenciaron graves irregularidades en la investigación. Y es que encontraron las grabaciones, aquellas en las que la periodista se refería a la “narcopolítica”.
La investigación se abrió de nuevo, precisamente en plena la lucha por el poder político en México. Se podría afirmar que este tipo de casos son “utilizados” para quitar del camino a los “enemigos”, sin embargo lo que se pide es justicia.
Franklin D. Roosevelt dijo en una ocasión: “En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera”.
Además de la familia de la periodista, han exigido justicia: la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el Club Primera Plana, la Federación Latinoamericana de Periodistas, Artículo 19, Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. y el Foro Chihuahuense de Periodistas.
Los peligros del periodismo
Según informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en el ranking de los países más peligrosos en la labor de prensa, México subió del lugar 147 al 144. En el año 2019 se registraron, en promedio, 1.5 agresiones contra periodistas al día.
De acuerdo a RSF, del año 2000 a la fecha han sido asesinados 130 periodistas en posible relación con su trabajo. En tanto “Comunicadores por la Unidad” afirma que van 153 periodistas muertos y 20 desaparecidos, con un 99% de impunidad.
La Fiscalía Especializada abrió 1.140 carpetas de investigación sobre este delito, pero sólo 0.87% ha concluido con el culpable en prisión.
La responsabilidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus periodistas y medios de comunicación. Descalificarlos y negarse a esclarecer todos los casos no contribuye a un ambiente favorable para la democracia.
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