México ha recuperado su lugar en el mundo. Como líderes regionales, la construcción de paz siempre había sido parte de nuestra agenda internacional con base en los principios constitucionales de política exterior de no intervención y solución pacífica de controversias, mismos que se consagran en el artículo 89 y fracción X de nuestra Constitución.
Esta política se olvidó durante el Calderonismo, que fue devastador para nuestro estado, y en especial, para Ciudad Juárez. De 2006 a 2012 se reportaron 16,456 homicidios por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sin embargo, el Sistema Nacional de Información contabilizó 11,588 homicidios más, incendiando sus calles en una terrible violencia que le costó la vida y la juventud a miles de jóvenes.
En parte, nuestro estado sufrió este agravio por un terrible ilícito que durante años el viejo régimen ignoró: el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Nuestra frontera con Estados Unidos es un reto de enormes dimensiones. A lo largo de tres mil kilómetros, las enormes asimetrías de poder, las condiciones sociales y las diferencias económicas han creado un entorno fértil que en condiciones de megadiversidad, ha posibilitado a la delincuencia organizada para el tráfico de drogas, armas y personas. Al año, cruzan aproximadamente 200 mil armas por nuestra frontera norte, siendo Tijuana, Mexicali y Matamoros los principales puntos de cruce de armas de alto calibre que con normalidad, terminan en manos del crimen organizado.
En términos reales, esto significa que a México cruzan diariamente desde Estados Unidos un promedio de 630 armas, resultando en que los homicidios por arma de fuego sean la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 44 años en nuestro país. Lo anterior es simplemente inaceptable.
Recientemente, consciente de la problemática que representa lo señalado, el Gobierno de México presentó una demanda en una Corte Federal de Massachusetts contra las empresas productoras de armas en Estados Unidos que son traficadas hacia México. En concreto, la demanda que conduce la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del liderazgo del Canciller Marcelo Ebrard busca que las empresas productoras de armas compensen el daño al Gobierno de México por sus prácticas negligentes.
El monto preciso de exigencia económica se determinará a lo largo del juicio. Además, la demanda señala la exigencia de que las empresas incorporen mecanismos de seguridad en sus armas y desarrollen e implementen estándares razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores y compradores. Hay que decirlo claro: Es urgente que se ponga orden.
Es por eso que, respecto a lo anterior, celebro que el Gobierno de México emprenda acciones legales concretas, para reclamar la reparación del daño, y sobre todo, evitar que las armas que se fabrican en Estados Unidos derramen sangre en suelo chihuahuense y mexicano.
Así mismo, en la búsqueda de soluciones activas desde el poder legislativo, en 2019 presenté ante el Senado de la República una iniciativa de ley, con el objetivo de que se considere como amenaza a la Seguridad Nacional el tráfico ilícito de armas. La reforma presentada adiciona el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional con miras a salvaguardar nuestra soberanía y seguridad.
Nuestra diplomacia ha regresado a su esencia de defender los más altos intereses de México, con liderazgo y construcción de acuerdos. Debemos emprender acciones que no sean meramente simbólicas rumbo a la prevención de ilícitos como el tráfico de armas, siendo la diplomacia al servicio de la nación para atender la crisis de seguridad una extraordinaria noticia.
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