Por: César Wong
Hemos avanzado mucho en la erradicación de malas prácticas en materia de participación de las mujeres en la política. La violencia de género es uno de los temas en los que las instituciones públicas han trabajado con mayor empeño. Combatir la violencia política de género es un proceso largo, pero que, sin lugar a duda, con un esfuerzo conjunto y desde una perspectiva socio-jurídica podemos crear bases sólidas para eliminar esas malas prácticas de la agenda prioritaria del Estado.
En mi concepto, la mayor herramienta para lograr este objetivo es la construcción de criterios jurisprudenciales que prevengan y resuelvan este tipo de controversias. Si bien es cierto la discusión se puede centrar en una evolución cultural y social, creo que la justicia es un aspecto de relevante importancia, pues a partir de ella se establecen las directrices para identificar una actuar ilegal, que no en todos los casos es previsto por los legisladores, y a partir de ahí, establecer una sanción acorde a los actos irregulares.
Un ejemplo de lo anterior es lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-1861/2021, el cual genera un antecedente y criterio histórico para sancionar las malas prácticas de las que estamos hablando.
En la elección del ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, se realizó una serie de pintas de bardas y espectaculares con mensajes públicos, ofensivos y misóginos en contra del ejercicio de los derechos políticos y electorales de la candidata a presidenta municipal.
Una sala regional del tribunal declaró la nulidad de la elección al considerar que existió una violación grave que transgredió los principios de igualdad, libertad y equidad en la contienda, alimentada en estereotipos y roles de género en los que se ha desterrado a las mujeres a la esfera privada, a lo doméstico y a la familia.
La víctima en este asunto es una mujer, indígena y en situación de precariedad, lo que la coloca en una posición de discriminación. La violencia cometida en este proceso electoral consistió en frases denigrantes y de desprecio hacia las mujeres, tales como: “Las viejas no sirven”, “Las mujeres no saben gobernar”, “Ni una vieja más en el poder”, “Es el tiempo de los hombres”.
La determinación del Tribunal Electoral al anular la elección es un castigo ejemplar para eliminar toda violencia en los procesos comiciales, pues estos actos de violencia son los más peligrosos, ya que oprimen a las víctimas por su identidad y se transgrede la igualdad de acceso a sus derechos, simplemente por el hecho de ser mujer y privilegiar los estereotipos en lugar de realizar una contienda equitativa y en igualdad de oportunidades.
La sentencia es un parteaguas de la democracia, pero sobre todo un criterio que obliga a los partidos, candidatos, ciudadanos, instituciones y sociedad a seguir directrices en su actuar a fin de controlar este tipo de actos. Considero que es un castigo que abona a erradicar la deuda histórica que tenemos con las mujeres y un mensaje a la sociedad, en el que se hace claro que no se permitirá más este tipo de mensajes y competencias desleales en un México democrático como el que día a día construimos.
La evolución social y la eliminación de la violencia es lenta, debemos admitirlo, pero México no puede seguir soportando este tipo de actos. No debe haber más tolerancia. No debe haber más violencia en ningún rubro de nuestra vida. Somos nosotros, las personas interesadas en el crecimiento de la comunidad, los que tenemos que difundir este tipo de castigos. Su difusión permitirá cambiar la perspectiva de quienes aún no entienden el concepto de igualdad. Pero el criterio establecido por la Sala Superior afianza esta voluntad de no permisibilidad.
No hay marcha atrás, el cambio social está vigente y los tribunales estamos para garantizarlo. ¿Ustedes qué opinan?
