En el mes de septiembre de 2014 Jaime García Chávez interpuso una denuncia contra César Duarte y su esposa en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, etc.
García Chávez denunció la constitución de un fideicomiso por 65 millones de pesos para adquirir acciones del Banco Progreso de Chihuahua, que se crearía a partir de la Unión de Crédito Progreso. La denuncia que no está mal para un abogado que no es especialista en fideicomisos, banca y temas hacendarios, en su inicio tuvo el apoyo de Javier Corral, quien por razones desconocidas se fue alejando sin deslindarse ni dar explicaciones.
La denuncia presentada por García Chávez es insuficiente, porque no aclara, aunque sea de manera incipiente que:
1.- La inversión de 802 millones de pesos de recursos del gobierno estatal en la Unión de Crédito era una suma prohibida o discutible en función del tamaño y capital de la unión, o que era una maniobra para inflar las operaciones de la unión de crédito para facilitarle transformarse en un banco.
2.- El gobierno estatal haya sufrido algún daño o perjuicio derivado de que la unión de crédito le haya pagado por concepto de intereses una cifra inferior a la del mercado, no le haya pagado los intereses o que haya sufrido demoras en el pago.
3.- Los fideicomisos están protegidos por el "secreto fiduciario", pero se establece en la ley que serán nulos aquellos fideicomisos que hayan sido constituidos mediante bienes provenientes de actividades ilícitas o que se hayan creado para defraudar acreedores, donde García Chávez no proporcionó el menor indicio.
4.- García Chávez es un hábil abogado en civil, laboral, agrario con alguna experiencia penal, pero no tiene experiencia en materia bancaria, fiduciaria y legislación hacendaria.
La presión política que hubiera podido aportar Javier Corral sólo habría logrado acelerar la reciente resolución de la PGR. Ojalá que García Chávez busque la asesoría de abogados especialistas en el tema, pero reconozcamos que, aun cuando Corral hubiera nadado de muertito, tampoco García Chávez se trasladó en bola a la Ciudad de México para hacer una gran presión política y periodística. Esta decisión de la PGR no afecta las decenas de denuncias que le ha enderezado la fiscalía a César Duarte y por las cuales se pretende extraditarlo.
Por último, el joven e impetuoso Rodolfo Leyva ganó el primer round judicial para que lo restituyan en la presidencia del Ichitaip, pero actúa como si la batalla judicial hubiera terminado y estuvieran atropellando una sentencia definitiva, mientras el Peje amenazó a los banqueros con dejar suelto al tigre, como si fuera Pancho Villa, cuando debería haberlos amenazado con cubrir de carpas las principales avenidas del país, como en el 2006. ¡Vaya tigres!
