Según el diccionario, “decadencia” es definida como la “pérdida progresiva de la fuerza, intensidad o perfección de una cosa o una persona”.
Comprendiendo el sentido del poder que sustenta a un sistema de gobierno o un imperio, según sea el caso, podemos identificar y predecir, cuando un sistema ha comenzado el proceso de deterioro irreversible, que ha menoscabado las condiciones y el estado original de las cosas, cayendo en una tendencia progresiva de descomposición, que irremediablemente, lleva a la extinción de la entidad.
Mucho se ha escrito acerca de la caída del Imperio Romano, a la fecha, sigue habiendo diferentes corrientes que ubican la caída en épocas distintas, una de las más conservadoras lo coloca después de una severa crisis de las instituciones del imperio en el s. III para el año 395, cuando su precaria condición política y social la precipitan a un rápido deterioro del poder romano, que, como consecuencia, orillan al hundimiento del poderoso imperio de Occidente.
En el marco de la comparecencia del secretario de Gobernación, Osorio Chong, con motivo de la glosa del 5o Informe de Gobierno ante la Cámara de Diputados, quedó en evidencia el claro deterioro del gobierno federal, que en el quinto año de gobierno todavía quiere encontrar culpables de todo lo que le pasa a México, nos presentó a un secretario de Gobierno insensato, que culpando a quien sea, evade sus responsabilidades, sumergiendo al país en la peor crisis de gobernabilidad en 40 años, tirando por la borda décadas de construcción de instituciones, una de ellas, la principal de seguridad en el país, la Procuraduría General de la República, acéfala, dirigida por un encargado de despacho, quien destituyó al fiscal especial de Delitos Electorales Fepade, nadie sabe qué fue lo que al oído, alguien de la Segob, secretamente le aconsejó al exfiscal Santiago Nieto que ya mejor dejara las cosas por las buenas, con su pretendida intención de regresar a su puesto, sumado a esto en la actualidad, al día de hoy, y con marcada intervención del Poder Ejecutivo, no tenemos procurador general de Justicia, fiscal general de la nación, fiscal especial de Delitos Electorales ni fiscal Anticorrupción.
Los oscuros recuerdos de Sócrates Riso, Toledo Corro y el Negro Durazo palidecen ante la “casa blanca” y la de Videgary, ante la “estafa maestra” y los desfalcos descubiertos del tren rápido México-Querétaro, y el soborno y contubernio del caso de Odebrecht, investigación que por cierto, empezó fuera de México, donde contra el pago de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, garantizaban contratos millonarios con Pemex, todo esto oculto y protegido por el sistema.
La seguridad y justicia, asignaturas pendientes, dejan al descubierto el año más violento en la historia de México con más de 21,200 muertes violentas de enero a septiembre de este año, un incremento del 16% contra el mismo periodo pero del 2016, evidencian la corrupción e impunidad que han caracterizado al actual gobierno, donde los feminicidios siguen siendo comunes y el esclarecimiento nulo, el contrabando y el narcotráfico asfixian a las empresas nacionales, el robo de combustible y de energía eléctrica cunden como enfermizas plagas, y el espionaje a líderes opositores y a periodistas son el pan diario con el que se desayuna el secretario de Gobernación todos los días.
Doblegar las instituciones con la clara intención de dejar funcionarios afines, que como alfiles esperarán su momento para moverse, trastocan la gobernabilidad y los exhibe en sus bajas pretensiones, dejando en evidencia el temor… más bien el pavor, a ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados por la eminente nueva administración federal que tomará posesión el año 2018.
Esta película ya la vivimos en algunos estados, como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo o Coahuila, donde los gobernadores han intentado extender el manto protector de la impunidad transexenal, torciéndole la mano a las instituciones.
El proceso electoral 2018 traerá un sinfín de acciones inhóspitas, esperamos que la razón y los principios priven, por el bien de la nación.
