En memoria del estimado colega Adrián Rodríguez, a un año de su partida y en la exigencia de esclarecimiento puntual de su crimen.
Los periodistas realizan su labor en condiciones de alto riesgo cuando cubren eventos de impacto, como homicidios o noticias que involucran a personajes de poder fáctico o formal.
Más aún, su labor es necesariamente de riesgo en el momento en que se desenvuelven en una atmósfera de violencia, como la que se vive en Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Jalisco, por mencionar las entidades de más alta presencia de crimen organizado.
Dada esa condición de riesgo, el periodista necesita recibir de la sociedad y del mismo Estado auxilio para minimizar esa condición de riesgo. No quiere decir que el periodista esté en posibilidades de conducirse de manera irresponsable o descuidada, al momento de comunicar. No hay un cheque en blanco. Sin embargo, el apoyo social y estatal a las labores del periodista es crucial.
Más aún aquél apoyo derivado de áreas sensibles, como los cuerpos policiacos. Son muchos los incidentes que ocurren a diario con los periodistas que cubren noticias de carácter policiaco.
Por lo tanto, es común que existan roces entre ambos: el periodista desea cubrir la información y el agente policiaco argumenta protección a la escena del crimen, protección a la presunción de inocencia o cualquier otro valor jurídico atendible.
Sin embargo los agentes policiacos se extralimitan. Un ejemplo de ello ocurrió apenas a inicio de semana, durante el enfrentamiento armado entre policías y presuntos delincuentes, en esta ciudad de chihuahua, en la colonia Montecarlo.
Los fotógrafos y periodistas que dan cobertura a información policiaca llegan inmediatamente a la escena del crimen, incluso antes de que sea señalizada el área con cinta amarilla. El periodista realiza su trabajo tomando fotografías, y los agentes policiacos, intransigentes, los amenazan y agreden físicamente. Incluso les toman fotografías y los videograban, en una situación delicada, porque identifica a los periodistas con fines desconocidos. Esta es una especie de censura y amenaza, sin duda.
Durante los últimos años se ha insistido en la necesaria colaboración entre ambos órdenes, el periodístico y el de seguridad pública. Una coordinación en la cual cada quien realice su función sin entorpecer la del otro.
La escena del crimen debe resguardarse, igual que otros valores jurídicos tutelados en los últimos años en protección a la presunción de inocencia.
Sin embargo, nada justifica las agresiones por parte de los elementos de policía en contra de los periodistas.
El incidente debe ser investigado y sancionado de corroborarse el abuso en contra de la libertad de expresión, más aún cuando existe la presunción de que los agentes se extralimitaron en contra del detenido, golpeando al presunto responsable de la agresión a tiros y lesión de un policía.
La agresión y amenazas son un instrumento para que no se documenten los abusos de la policía.
Son instrumentos de regímenes totalitarios ajenos a un Estado democrático, un auténtico Estado de derecho.
Es cierto que los abusos de la autoridad son sancionados por el Código Penal. Pero más allá, la libertad de expresión, esa posibilidad de buscar y recibir información, se encuentra tutelada en el ámbito latinoamericano y a nivel internacional. Los artículos 19 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, son prueba y garantía palpable de ello.
Pero más que normas jurídicas se requiere voluntad.
Desde 2010 existe un Sistema Integral de Protección a Periodistas. César Duarte tuvo resistencias y no lo implementó. Hoy tampoco se ha puesto en marcha.
Es necesario, urgente hacerlo. Uno de sus principales elementos es la coordinación y colaboración, para que la autoridad combata el delito en un ambiente de protección a la libertad de expresión, ambos bienes públicos de indudable y gran valor.
La alarma está encendida. Es cierto. No hay pequeña o gran violación a la libertad de expresión. Pero desde una visión simple, una pequeña violación a la libertad de expresión, puede ser el detonante de una de mayor envergadura, como lesiones, homicidio o privación ilegal de la libertad.
No lo permitamos.
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