Por: Rafael Espino
En el mes de octubre pasado el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Reforma Eléctrica con la que propone modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética.
Los próximos días 20 y 21 de enero se celebrarán foros relativos a la citada Iniciativa de Reforma Eléctrica, con la participación de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y diputados federales en Ciudad Juárez y Chihuahua; ejercicios necesarios para el intercambio de ideas y fincar las bases de un diálogo constructivo en torno a la política energética de nuestro país.
Esta iniciativa presidencial tiene como claro propósito alcanzar la seguridad energética nacional; en particular, el control y rectoría del Estado sobre el sistema eléctrico, para asegurar la disponibilidad del recurso a lo largo y ancho del país. Que la electricidad -bajo la rectoría del Estado- esté accesible para los usuarios (a precios de acuerdo con sus ingresos), que contribuya a la sustentabilidad ambiental, al bienestar de las personas y a la protección de sus derechos. La generación de electricidad barata no sólo apoya la economía de los hogares mexicanos, sino que incrementa la competitividad del país en su conjunto. En este sentido los objetivos son claros; el tema a debate radicará en la forma en la que se está proponiendo alcanzarlos.
Con respecto a lo señalado anteriormente considero como mínimo que es necesario lo siguiente:
Un diagnóstico objetivo y veraz sobre la situación actual y las necesidades del sector. El debate del modelo energético que se pretende adoptar debe sustentarse en datos ciertos. Privilegiar la modernidad tecnológica y la ciencia en beneficio de los mexicanos. Alejarnos en la mayor medida posible de la irreflexión ideológica, en cualquier sentido, para lograr la generación y distribución de energía limpia y barata en beneficio de los mexicanos con protección a nuestra salud y a nuestro ambiente.
El respeto irrestricto a nuestro marco constitucional y a los derechos humanos que consagra. No debe la reforma transgredir derechos fundamentales en perjuicio de nadie y respetar los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídicas consustanciales a nuestro Estado de Derecho. Y aquí me quiero referir específicamente al caso del inciso a) del artículo segundo del Decreto propuesto, que al disponer cancelar automáticamente los permisos de generación eléctrica otorgados por el Estado y los contratos de compraventa celebrados a la fecha con el sector privado, transgrede mediante un dispositivo transitorio (por naturaleza temporal y de carácter secundario), derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 29 y 133 constitucionales, así como diversos tratados internacionales de los que México forma parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José, la Convención de Ginebra con todos sus protocolos adicionales y el Estatuto de Roma.
Bienvenidos el parlamento abierto y la diversidad de opiniones, para tratar de lograr un sector energético que cumpla como palanca del desarrollo nacional y permita la reducción de los precios de la energía eléctrica en beneficio del pueblo. Estamos obligados, ante todo, desde el ejercicio de la función legislativa, a proteger nuestro orden constitucional, ya que su transgresión trascendería al tema eléctrico y sentaría un antecedente muy pernicioso de vulneración de nuestro Estado de Derecho, más allá de las eventuales indemnizaciones y el alto costo fiscal consecuente al que también estaríamos expuestos.
