Las recientes reformas a las leyes de amparo y pensiones en México representan un viraje preocupante en la dirección de nuestra gobernanza democrática. Aprobadas de manera apresurada y con escaso debate público, estas reformas concentran una cantidad alarmante de poder en manos del Ejecutivo y plantean serias dudas sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales y la transparencia gubernamental.
La modificación a la Ley de Amparo restringe la capacidad de los jueces para suspender normativas y leyes que podrían ser inconstitucionales. Esta reforma se deriva de la pugna permanente que sostiene el Presidente con la Corte. Ha sido el único poder capaz de hacerle frente y, en un verdadero ejercicio de contrapesos, suspendía aquellas actuaciones presidenciales para revisar su constitucionalidad y, en su caso, detenerlas. Algo imperdonable e inconcebible para el autoritario y sus incondicionales.
La creación del Fondo de Pensiones del Bienestar también ha levantado sospechas. El gran problema de la reforma es la opacidad con que se presenta, su necesidad de bloquear el debate y el apresuramiento para su aprobación, en medio de una elección presidencial. Aunado a lo anterior no hay claridad en cuanto al manejo de los recursos, ni a si los beneficiarios de esas cuentas, inactivas o no inactivas, podrán o no reclamar su dinero. Son más de 40 mil millones de pesos que pretenden tomar sin que haya causa o justificación que lo amerite, más allá de la voracidad, corrupción y opacidad con que han ejercido el poder en estos ya casi 6 años.
Estas reformas, vistas en conjunto, sugieren un patrón de gobierno que favorece la acumulación de poder y recursos en un solo órgano del Estado, en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas. Es crucial que los ciudadanos y representantes en el Congreso reconozcan estos peligros y actúen con decisión para proteger los principios democráticos y garantizar que todas las acciones gubernamentales se realicen con la mayor vigilancia y en el mejor interés del público.
El futuro político y social de México está en juego. Frente a estas reformas legislativas, que comprometen la justicia, la transparencia y los derechos humanos, es imperativo que la sociedad y sus representantes actúen con firmeza. Debemos rechazar estas medidas regresivas y exigir un gobierno que verdaderamente represente los intereses y proteja los derechos de todos los mexicanos. No podemos ser cómplices de un sistema que privilegia el poder político sobre el bienestar colectivo. Es tiempo de restaurar la integridad y fortaleza de nuestra democracia.
