Por: Eduardo Fernández Armendáriz
La semana pasada reinó la violencia en diversas entidades del país imponiendo los delincuentes un clima de terror al atacar a la población civil sin motivo alguno más que causar daño a inocentes y sus propiedades.
En una serie de hechos insólitos hasta para un país donde impera la inseguridad los grupos criminales incendiaron vehículos y 25 tiendas Oxxo en Guanajuato después de que las fuerzas armadas intentaran atrapar a dos cabecillas del CJNG en Jalisco.
Luego en Ciudad Juárez una riña de pandillas en el penal derivó en que una de ellas, Los Mexicles, incendiaran autos y locales comerciales matando además a nueve personas en distintos lugares. Entre las víctimas se encuentran cuatro empleados de una estación de radio local, Megaradio.
Después en Baja California en diversas ciudades otros delincuentes incendiaron vehículos en diversas entidades de la entidad.
En Ciudad Juárez tras los atentados reinó el terror al grado de que al día siguiente se suspendieron labores en escuelas y centros de trabajo. Además también se cancelaron los vuelos de una aerolínea a esta ciudad.
De inmediato aumentaron las tropas de soldados que patrullaron las calles en las ciudades afectadas para evitar nuevos actos de este tipo.
La declaración presidencial de que se hará una reforma constitucional para que continúen el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública en el próximo sexenio es señal de que la situación en esta materia se está saliendo del control y se requiere continuar contando con el apoyo de las fuerzas militares para enfrentar a la delincuencia organizada.
El debate nacional que ha revivido es si estas acciones criminales en contra de los civiles se pueden calificar como terroristas o no.
Todo hace indicar que realmente son actos para sembrar el terror entre la población e intentar disuadir al gobierno para que no actúe en su contra. No se encuentra otra explicación lógica para estos hechos, además de que también son consecuencia de que la estrategia actual gubernamental no ha funcionado y cada vez se pierde más el control de la seguridad en el país.
La militarización tampoco parece haber tenido resultados efectivos desde el gobierno de Calderón con su guerra en contra del narcotráfico.
La Guardia Nacional era la opción de crear una policía civil federal competente, pero al parecer no ha sido exitosa pues el presidente López Obrador intenta asignarla ahora a la Secretaría de Defensa Nacional, esto es que esté bajo el mando de los militares.
Lo que también parece ser que está por salirse de control es el hartazgo y la indignación de la población ante el imperio de la delincuencia en todos los rubros.
Los homicidios y delitos de todo tipo han aumentado en este sexenio sin que la militarización de las corporaciones de seguridad haya evitado que las organizaciones criminales cada vez se apoderen más del territorio nacional imponiendo sus leyes a los atemorizados ciudadanos.
La inseguridad nacional es un cáncer que continúa avanzando y se esparce por todo el país, convirtiéndose en el gran problema nacional que a su vez engendra otros, atentando no sólo en contra del patrimonio de los mexicanos, sino de su propia vida, como se prueba a diario con hechos como los comentados en este artículo.
Sean calificados o no como terroristas sucesos como los de la semana pasada se deben evitar para lo cual se requiere la coordinación de las fuerzas de seguridad de los distintos niveles, así como fortalecer un auténtico estado de derecho que implica atacar la impunidad y la corrupción.
Es una tarea titánica que se debe emprender sin partidismos y posturas ideológicas pues está en juego nada menos que el futuro de nuestra nación y desde luego el de nuestra democracia.
