Un gran escándalo mediático se dio ante las intenciones de la FGR de encarcelar a 31 científicos como a peligrosos delincuentes debido a una denuncia presentada por el Conacyt.
Los investigadores son acusados por la fiscalía de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada a través de un foro consultivo creado y operado por ellos del 2002 al 2019 con recursos públicos.
El fiscal general Gertz Manero declaró que la ilegalidad radicaba en que los 471 millones de pesos destinados para tal organismo fueron utilizados en otros rubros en lugar de hacerlo para proyectos de investigación científica y tecnológica para los cuales fue constituido el citado foro consultivo.
El problema para la FGR es que por segunda vez un juez les rechazó las órdenes de aprehensión, las cuales debido a la gravedad de los delitos podría imputar a los acusados una condena de 20 a 40 años. Además, mientras se efectúe el juicio podrían ser enviados a un penal de alta seguridad, como Almoloya.
En principio parecería otra acción de la Fiscalía General en contra de actos de corrupción cometidos en los gobiernos anteriores por investigadores que aprovecharon su cargo en el Conacyt para su beneficio personal.
Sin embargo el asunto se contamina al conocerse que Gertz Manero pudiera tener intereses personales en contra de los acusados, ya que le rechazaron una solicitud para ascender de categoría en el sistema nacional de investigadores, la cual fue finalmente aceptada en esta administración por parte de la directora del Conacyt.
Por otra parte, no deja de llamar la atención el encono de la FGR en este caso, pues después del rechazo de dos jueces afirmó que buscaría a un tercero que le aprobara las órdenes de aprehensión.
Aun en el supuesto de que los investigadores hayan desviado dichos fondos para otros gastos ni de lejos operaron como una banda del crimen organizado, pues al parecer incurrieron en corruptelas administrativas más que en delitos tan graves que ameriten una persecución prioritaria.
En pocas palabras, la fiscalía misma le ha dado una publicidad exagerada al caso como si fuera el más notorio de los que investiga, cuando en el país en este sexenio ya se rebasó el número de homicidios cometidos en los gobiernos anteriores, no se diga la actuación impune de grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al existir un posible conflicto de interés el propio fiscal debería haber delegado el caso y no encabezarlo como lo ha hecho hasta ahora, pues pareciera más una persecución dirigida que la aplicación expedita de la justicia.
El caso ha sido criticado por las comunidades científicas y por el rector de la UNAM, quien manifestó su rechazo al tratamiento que se ha dado a los investigadores acusados. No se diga por parte de comentaristas y columnistas, lo cual pone en entredicho la actuación de la FGR.
Bueno, aun entre los senadores del partido en el poder causó división, pues mientras su coordinador manifestó estar en desacuerdo como ha sido llevado el caso, otros legisladores propusieron incluso investigar a fondo los recursos que reciben las universidades autónomas del país, entre ellas la UNAM.
Debido al escándalo producido lo más probable es que se archive el caso, salvo que la decisión del fiscal sea llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Sea cual sea el futuro del caso ya puso en entredicho la imparcialidad de la FGR y ha marcado un preocupante antecedente de su actuación.
Si realmente los involucrados en este asunto desviaron recursos públicos deben ser sancionados, pero de acuerdo a las leyes y no simplemente utilizados para demostrar que se está combatiendo la corrupción, lo cual no deja de ser también dudoso, pues ha sido más el ruido provocado sobre lo que se hará que los casos combatidos.
Además el ejercicio de la justicia debe ser más parejo e igualitario en lugar de estar enfocado en intereses personales o políticos, como desafortunadamente ha sido la tradición en México.
El papel que debe tener la Fiscalía General de la República como entidad autónoma e independiente del Poder Ejecutivo o de algún otro debe fortalecerse en base a su actuación expedita y legal. Casos como el comentado no abonan precisamente a ello, por lo que debe corregir sus prioridades en aras de combatir realmente a la delincuencia en todos los ámbitos, pues para ello fue constituida como una opción mejor que la anterior procuraduría.
El evidente fracaso de una política de “abrazos, no balazos” para combatir al crimen organizado no debe justificarse con la aplicación excesiva de la ley en profesionistas que tal vez hayan incurrido en ilícitos, pero no al grado de ser utilizados como chivos expiatorios para intentar justificar lo que no se ha realizado con los delincuentes que cometen crímenes más graves y dañinos para la sociedad.
