El viernes de la semana pasada la gobernadora chihuahuense y el secretario de Gobernación firmaron un acuerdo para dar por terminado el conflicto entre los agricultores chihuahuenses y el gobierno federal, conocido como “la guerra por el agua”.
A cambio de que los campesinos abandonen la presa de La Boquilla, tomada desde el año pasado, se liberará a cuatro agricultores presos, entre ellos el líder productor detenido este año. Con este convenio se da por concluido el enfrentamiento que se dio en la región agrícola centro-sur y que tuvo como saldo trágico la muerte de Yessica Silva por disparos de la Guardia Nacional.
Este problema surgió cuando la Conagua decidió en diciembre de 2019 extraer mil millones de metros cúbicos de La Boquilla y otros cien millones de la presa Las Vírgenes para cumplir con la cuota establecida en el Tratado Internacional de Aguas de 1944 con los Estados Unidos.
Obviamente los agricultores afectados por esta medida protestaron, por lo que la dependencia federal pospuso tal medida hasta febrero de 2020 cuando elementos de la Guardia Nacional intentaron tomar La Boquilla y empezar la extracción del vital líquido.
De esta forma se dio un enfrentamiento violento con los campesinos que la habían tomado antes para proteger el riego de sus cosechas de ese año, el cual estaba ya de por sí en peligro debido a la prolongada sequía que hubo en el estado.
Los elementos de la Guardia Nacional tuvieron que abandonar las instalaciones de La Boquilla ante la arremetida de cientos de agricultores de la zona que los desalojaron. Algunos elementos de esta corporación balearon la camioneta en la que viajaba de regreso un matrimonio de productores, resultando muerta la joven mujer citada.
Ahora después de más de un año parece ser que se restablece el diálogo truncado en aquella ocasión debido sobre todo a la actuación cerrada de quien era la directora de la Conagua, a la cual al final destituyeron dándole como premio de consuelo una embajada.
La pregunta que surge es si con este convenio ya finalizó la guerra por el agua en esta región agrícola, la más productiva de la entidad. O es sólo una tregua hasta que se vuelva a la extracción de agua para cumplir con el citado acuerdo internacional y las consecuentes protestas de los agricultores.
Cada cinco años debido a este tratado México debe regresar al vecino país la misma cantidad de agua que reciba del río Colorado a través del río Bravo y sus afluentes, entre los que se encuentra el Conchos.
El problema para cumplir debidamente es que el río Conchos a su vez alimenta a tres importantes presas: La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero. De su caudal depende el Distrito de riego 5, el más productivo del estado que abarca varios municipios como Delicias y Camargo, cuya economía a su vez está basada en la producción agrícola.
Estas presas en los últimos años no se han llenado debido a la sequía, por lo que extraerles agua agrava su situación al grado de que no alcance para los sembradíos, como sucedió el año pasado.
La Conagua debería fomentar un cambio en los cultivos, así como realizar una regulada entrega del agua de acuerdo a las posibilidades reales y no a simples especulaciones de escritorio. Además su función es preservar los mantos acuíferos, los cuales están en riesgo de agotarse en la entidad y el resto del país debido a su explotación irregular si es que no ilegal.
Por el momento es una buena señal haber avanzado en esta confrontación con el gobierno federal con el citado convenio, pero hay que estar conscientes que no por ello finalizará el conflicto por el agua si no se toman acciones conjuntas para resolver este añejo problema y así evitar futuros enfrentamientos como los que se dieron el año pasado en la región centro-sur del estado.
