/ jueves 18 de marzo de 2021

Perfil humano | La autonomía de los poderes en México

Una característica de las democracias modernas es la división de poderes, propuesta por Locke y luego popularizada por Montesquieu hasta formar parte de las constituciones políticas de la mayoría de los países del mundo.

En México se está dando una controversia sobre esta tradicional separación de los poderes con los fallos de cinco jueces para detener la reforma eléctrica recién aprobada por el poder Legislativo. La respuesta presidencial fue que se indagara a los responsables bajo la sospecha de que favorecieran a las empresas que presentaron las demandas.

La respuesta a esta objeción del Ejecutivo federal por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue clara y contundente: las decisiones judiciales podrían ser recurridas, pero deberán ser respetadas.

La declaración del magistrado Arturo Zaldívar es correcta, pues de acuerdo con la Constitución no puede haber una intromisión de un poder en otro, ya que son autónomos, salvo que no respeten en su momento las leyes.

Y en caso de controversia legal entre los poderes es precisamente el poder Judicial el que decidiría a quién le corresponde la razón jurídica.

El problema con la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es que no respeta la competitividad establecida en nuestra Constitución, ya que se le da carácter de preferente a la CFE y de hecho la asignación de las compras estará a su cargo en lugar de ser por subastas como estaba antes establecido en la propia ley.

Por consiguiente, el caso es casi seguro que desembocará en la SCJN que fallará a favor o en contra de las demandas interpuestas por las empresas de energía inconformes con la nueva legislación que las convierte en participantes en desventaja competitiva ante la paraestatal.

Un debate al respecto sería conveniente, pues la LIE fue aprobada en forma rápida y sin la oportunidad de que las partes expusieran con tiempo y fundamento sus posturas.

La política energética es fundamental para el desarrollo nacional, pues de ella depende en buena medida la inversión y el crecimiento económico. No se puede tener una real recuperación ante la actual recesión, sino con la coordinación y esfuerzo común de los sectores público y privado.

El alterar las reglas de juego ocasiona la desconfianza de los capitales extranjeros y la disminución consecuente en el área energética, menos propicia el aumento de energía más limpia y barata.

Es comprensible que se intente por parte del actual gobierno rescatar a la CFE, pero debe hacerse tomando en cuenta los costos para los consumidores, ya que una postura cerrada podría desalentar la competencia y por ende la opción del usuario para obtener energía eléctrica.

Los acuerdos corruptos que se hicieron en el pasado deben ser corregidos de acuerdo con las leyes, pero no servir de pretexto para generalizar que todo lo privado es incorrecto y lo público es siempre lo correcto.

En principio la respuesta del presidente de la SCJN es una muestra de que aún existe la división de poderes en el país, lo cual es saludable aunque pueda molestar al otro poder. Ahora falta esperar el desenlace de esta controversia constitucional para constatar que dicha autonomía se ejerce realmente en nuestra incipiente y aún débil democracia mexicana.

Una característica de las democracias modernas es la división de poderes, propuesta por Locke y luego popularizada por Montesquieu hasta formar parte de las constituciones políticas de la mayoría de los países del mundo.

En México se está dando una controversia sobre esta tradicional separación de los poderes con los fallos de cinco jueces para detener la reforma eléctrica recién aprobada por el poder Legislativo. La respuesta presidencial fue que se indagara a los responsables bajo la sospecha de que favorecieran a las empresas que presentaron las demandas.

La respuesta a esta objeción del Ejecutivo federal por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue clara y contundente: las decisiones judiciales podrían ser recurridas, pero deberán ser respetadas.

La declaración del magistrado Arturo Zaldívar es correcta, pues de acuerdo con la Constitución no puede haber una intromisión de un poder en otro, ya que son autónomos, salvo que no respeten en su momento las leyes.

Y en caso de controversia legal entre los poderes es precisamente el poder Judicial el que decidiría a quién le corresponde la razón jurídica.

El problema con la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es que no respeta la competitividad establecida en nuestra Constitución, ya que se le da carácter de preferente a la CFE y de hecho la asignación de las compras estará a su cargo en lugar de ser por subastas como estaba antes establecido en la propia ley.

Por consiguiente, el caso es casi seguro que desembocará en la SCJN que fallará a favor o en contra de las demandas interpuestas por las empresas de energía inconformes con la nueva legislación que las convierte en participantes en desventaja competitiva ante la paraestatal.

Un debate al respecto sería conveniente, pues la LIE fue aprobada en forma rápida y sin la oportunidad de que las partes expusieran con tiempo y fundamento sus posturas.

La política energética es fundamental para el desarrollo nacional, pues de ella depende en buena medida la inversión y el crecimiento económico. No se puede tener una real recuperación ante la actual recesión, sino con la coordinación y esfuerzo común de los sectores público y privado.

El alterar las reglas de juego ocasiona la desconfianza de los capitales extranjeros y la disminución consecuente en el área energética, menos propicia el aumento de energía más limpia y barata.

Es comprensible que se intente por parte del actual gobierno rescatar a la CFE, pero debe hacerse tomando en cuenta los costos para los consumidores, ya que una postura cerrada podría desalentar la competencia y por ende la opción del usuario para obtener energía eléctrica.

Los acuerdos corruptos que se hicieron en el pasado deben ser corregidos de acuerdo con las leyes, pero no servir de pretexto para generalizar que todo lo privado es incorrecto y lo público es siempre lo correcto.

En principio la respuesta del presidente de la SCJN es una muestra de que aún existe la división de poderes en el país, lo cual es saludable aunque pueda molestar al otro poder. Ahora falta esperar el desenlace de esta controversia constitucional para constatar que dicha autonomía se ejerce realmente en nuestra incipiente y aún débil democracia mexicana.