Por: Eduardo Fernández Armendáriz
El retorno a las aulas este 30 de agosto se ha convertido en un debate nacional, ya que son distintas las posturas de los mexicanos ante la decisión presidencial de llevarlo a cabo a pesar de los riesgos inherentes.
La postura oficial se basa en la necesidad psicológica y social de los educandos de convivir con sus compañeros, la cual es respaldada por la Unicef, pues indica que México es de los pocos países que no ha abierto sus escuelas debido a la pandemia.
Las aulas se cerraron desde el mes de marzo del año pasado para evitar los contagios masivos y desde entonces se ha dado la controversia sobre el regreso a ellas. Hubo un experimento en algunos estados de volver a las clases presenciales al final del pasado ciclo escolar, pero tuvieron que volver a cerrarlas ante el aumento de casos entre los escolares.
Ahora la SEP encabezó inicialmente la apertura con un decálogo que fue al final de nueve puntos debido a que cancelaron la carta responsiva obligatoria para los padres.
Obviamente lo más deseable es intentar reabrir las escuelas, el problema es que nos encontramos en el rebrote de la pandemia que llegó a registrar más de 28 mil contagiados en un día en este mes.
Además los menores de edad son los más vulnerables, pues no han sido vacunados y con las nuevas variantes se han presentado más casos en este sector de la población, los que se podrían multiplicar si los escolares asisten a clases presenciales.
El subsecretario López-Gatell declaró que ni siquiera han contemplado la posibilidad de aplicar la vacunación a los menores de edad, por lo que su situación es vulnerable e impredecible.
Una buena parte de los maestros no están convencidos de que sea una buena alternativa el retorno a las aulas debido a que en la mayoría de los planteles públicos no existen las condiciones sanitarias o preventivas para evitar contagios.
La situación precaria de los planteles escolares, miles de los cuales no cuentan ni con agua potable, es otro factor que pone en duda la eficacia de la prevención que se tendría en ellos. Algunos países abrieron sus escuelas, pero luego las cerraron ante la propagación del coronavirus, por lo que no existe alguna seguridad al hacerlo en nuestro territorio nacional.
La politización del tema menos ha ayudado a esclarecer las dudas de los padres de familia, aunque la propaganda oficial asegure que los planteles educativos son los lugares más seguros.
La realidad es que sería complejo para los maestros y directivos de las escuelas lograr que los menores de edad estén horas seguidas con el cubrebocas y manteniendo una sana distancia de sus compañeros.
También para los padres de familia lo es asegurarse de que sus hijos no presentan diariamente algún síntoma sospechoso, como se pretendía responsabilizarlos con la carta que inicialmente tendrían que firmar y presentar al llevarlos a la escuela.
En medio de la incertidumbre el fin de este mes abrirán de nuevo sus puertas decenas de miles de planteles educativos sobre todo de enseñanza básica. Faltaría probar sus resultados como la asistencia real de alumnos y maestros, así como si hubo una mayor incidencia o no de contagios del coronavirus.
La responsabilidad última si acuden o no a las aulas los menores de edad será de los padres de familia, los que tienen que decidir la difícil disyuntiva de correr o no el riesgo para que sus hijos puedan tener una educación más adecuada que la ofrecida a distancia.
