La firma de un decreto presidencial para regularizar los autos de procedencia ilegal en la frontera ha provocado la reacción del sector privado por considerarla más como un premio al contrabando que como una medida benefactora para los ciudadanos.
La repetición de la vieja historia de los autos “chuecos” y su legalización se da una vez más, sin que parezca haber una solución definitiva para este viejo problema.
De acuerdo a distintas versiones, en el país existen millones de automotores calculándose en cifras que van desde los 4 millones hasta los 16 millones debido a que no existe un censo sobre su cantidad real, menos un registro oficial.
Autos “chocolates” siempre ha habido, sobre todo en los estados fronterizos, aunque su número se empezó a incrementar notoriamente en la década de los ochenta debido a la crisis económica. El gobierno federal en aquella época permitió que organizaciones campesinas los utilizaran para sus labores agrícolas debido a que los precios de las unidades legales sufrieron altas alzas por la inflación.
El paliativo para este sector productivo se convirtió en pretexto para que otras organizaciones también empezaran a promover este tipo de vehículos en las ciudades y surgieron así asociaciones que se dedicaron a “proteger” a los propietarios de autos “chocolates”, las famosas “pafas”.
Los autos “chuecos” abundan debido a que en el vecino país es costumbre cambiar cada año de modelo, por lo que los autos usados tienen bajos precios que son un atractivo para adquirirlos, sobre todo en la frontera.
Además, miles de mexicanos que laboran en Estados Unidos regresaban de vacaciones a su lugar de origen en diversos tipos de automotores que les dejaban a sus parientes para su uso, los cuales se empleaban para todo tipo de actividades.
En este siglo cuando fue presidente Vicente Fox también intentó regularizar los autos “chuecos” sin que tal medida en realidad disminuyera su importación y menos que ya no fueran utilizados en actividades criminales.
Precisamente una de las principales razones para su actual regularización es que en Baja California el 78 por ciento de los autos utilizados en acciones delictivas eran “chocolates”, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad federal.
Así pues, por parte del gobierno la regularización evitaría el uso delictivo de los autos “chuecos”, pero el sector empresarial opina lo contrario, o sea que más bien sería un premio para las bandas criminales que lucran con su contrabando.
Para el CCE local la regularización afectará a los propietarios de autos legales, pues causará que sus unidades pierdan entre el 13 y el 20 por ciento de su valor, ya que aumentaría el número de autos usados en el mercado.
La AMDA por su parte plantea que cuando sea publicado el decreto de regularización iniciará acciones legales ante el Poder Judicial en contra de esta medida presidencial.
En parte por la pandemia y luego debido a la carencia de producción por la escasez de semiconductores el sector automotriz ha disminuido su oferta de autos nuevos, por lo que no se sabe qué tanto le afectaría ahora la regularización de los autos “chocolates”.
Por lo pronto, ya sea para ganar popularidad o favorecer a millones de usuarios de autos “chuecos”, este nuevo decreto presidencial ha colocado de nueva cuenta en la opinión pública el viejo debate de si es mejor o no legalizar lo ilegal o aplicar la ley.
Al respecto, cada quien tendrá su opinión, por lo que no es fácil optar por una u otra opción sin analizar antes a fondo este añejo problema.
