/ jueves 5 de mayo de 2022

Perfil humano | La propuesta presidencial de la reforma electoral

La iniciativa presidencial para reformar el sistema electoral mexicano fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

En una conferencia Mañanera Horacio Duarte, el titular de las aduanas, explicó que uno de los objetivos de la reforma electoral era reducir el costo de la democracia y si se realizan las modificaciones se ahorrarían unos 20 mil millones de pesos.

El problema para que sea aprobada esta nueva reforma es que por ser constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de las dos cámaras legislativas, las cuales no reúnen Morena y sus partidos aliados.

Debido a lo anterior fue rechazada la propuesta de reforma eléctrica, por cierto la primera iniciativa presidencial que no ha sido aprobada por los diputados federales.

Las posibilidades de que ahora la reforma electoral sea ratificada son menores, pues para empezar propone que se eliminen los diputados y senadores plurinominales, lo cual dejaría casi sin representación legislativa a los partidos minoritarios, incluidos desde luego los dos aliados con Morena.

Menos probable de ser votada a favor es que también se pretende dejar sin financiamiento a los partidos políticos, salvo en temporada electoral.

Por lo pronto el coordinador de los diputados federales perredistas ya declaró que no pasará este nuevo intento de modificaciones constitucionales. En principio la oposición también pretende rechazarla como lo hiciera con la eléctrica.

Además recibiría una oposición estatal pues pretende eliminar los organismos electorales locales y los tribunales electorales estatales, cuyas funciones serían realizadas por los federales.

La reducción llegaría hasta los cabildos, pues se pretende poner un límite de nueve regidores dependiendo del número de habitantes por ayuntamiento.

Ahora bien, para determinar cuántos regidores o legisladores correspondería por partido se haría de acuerdo a una fórmula para definir el número de acuerdo a los porcentajes de votos y no a los distritos que se ganaron por cada partido.

El INE, actualmente bastante criticado por el presidente y su partido, se cambiaría a INEC para que fuera también encargado de las consultas y los consejeros, al igual que los magistrados electorales, se elegirían por voto popular de una lista de candidatos proporcionada por los tres poderes federales en lugar de serlo por los diputados federales solamente.

Obviamente estas propuestas no van a ser del agrado de los legisladores y menos de los partidos políticos, por lo que serán rechazados por los opositores y tal vez hasta por algunos de los aliados del partido oficial.

Por ello es un tanto ilógico que se pierda tiempo en estos temas cuando existen otros prioritarios y urgentes de ser tratados en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes como la creciente inseguridad pública, la inflación y el bajo crecimiento económico, la inmigración, la carencia de inversión además de los tradicionales problemas en educación y salud.

Algunos aspectos de la reforma electoral son rescatables, pero no ameritan un desgaste y polarización de las fuerzas políticas pues los organismos electorales son considerados funcionales, por lo que no existe una fuerte demanda ciudadana de que sean renovados y menos centralizados.

Es tradicional que en cada sexenio el mandatario en turno pretenda realizar reformas de acuerdo a su personal óptica y la de sus seguidores, pero en esta etapa del sexenio sería más recomendable enfocar el esfuerzo presidencial a objetivos comunes para obtener logros que beneficien realmente a toda la sociedad.

Más que reformas sexenales distractoras lo que requiere el país son acuerdos para lograr objetivos a largo y mediano plazo para superar las continuas crisis que sufre nuestro país, agravadas ahora por la pandemia y sus secuelas así como la amenaza de una guerra mundial que continúa latente con la invasión rusa a Ucrania.

Lo más probable es que esta iniciativa presidencial sea rechazada por no lograr la mayoría legislativa, por lo que sería la segunda que tendría López Obrador y ya quién sabe si tenga el ánimo de pretender una tercera como lo es la integración de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

Por lo pronto será uno de los temas que acapare y encauce la polémica nacional sin una mayor trascendencia que la obtenida con la propuesta de la reforma eléctrica. Y como esta última, poco o nada se ganará en realidad más que demostrar que débil y disminuida aún continúa presente la oposición al actual gobierno morenista.




La iniciativa presidencial para reformar el sistema electoral mexicano fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

En una conferencia Mañanera Horacio Duarte, el titular de las aduanas, explicó que uno de los objetivos de la reforma electoral era reducir el costo de la democracia y si se realizan las modificaciones se ahorrarían unos 20 mil millones de pesos.

El problema para que sea aprobada esta nueva reforma es que por ser constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de las dos cámaras legislativas, las cuales no reúnen Morena y sus partidos aliados.

Debido a lo anterior fue rechazada la propuesta de reforma eléctrica, por cierto la primera iniciativa presidencial que no ha sido aprobada por los diputados federales.

Las posibilidades de que ahora la reforma electoral sea ratificada son menores, pues para empezar propone que se eliminen los diputados y senadores plurinominales, lo cual dejaría casi sin representación legislativa a los partidos minoritarios, incluidos desde luego los dos aliados con Morena.

Menos probable de ser votada a favor es que también se pretende dejar sin financiamiento a los partidos políticos, salvo en temporada electoral.

Por lo pronto el coordinador de los diputados federales perredistas ya declaró que no pasará este nuevo intento de modificaciones constitucionales. En principio la oposición también pretende rechazarla como lo hiciera con la eléctrica.

Además recibiría una oposición estatal pues pretende eliminar los organismos electorales locales y los tribunales electorales estatales, cuyas funciones serían realizadas por los federales.

La reducción llegaría hasta los cabildos, pues se pretende poner un límite de nueve regidores dependiendo del número de habitantes por ayuntamiento.

Ahora bien, para determinar cuántos regidores o legisladores correspondería por partido se haría de acuerdo a una fórmula para definir el número de acuerdo a los porcentajes de votos y no a los distritos que se ganaron por cada partido.

El INE, actualmente bastante criticado por el presidente y su partido, se cambiaría a INEC para que fuera también encargado de las consultas y los consejeros, al igual que los magistrados electorales, se elegirían por voto popular de una lista de candidatos proporcionada por los tres poderes federales en lugar de serlo por los diputados federales solamente.

Obviamente estas propuestas no van a ser del agrado de los legisladores y menos de los partidos políticos, por lo que serán rechazados por los opositores y tal vez hasta por algunos de los aliados del partido oficial.

Por ello es un tanto ilógico que se pierda tiempo en estos temas cuando existen otros prioritarios y urgentes de ser tratados en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes como la creciente inseguridad pública, la inflación y el bajo crecimiento económico, la inmigración, la carencia de inversión además de los tradicionales problemas en educación y salud.

Algunos aspectos de la reforma electoral son rescatables, pero no ameritan un desgaste y polarización de las fuerzas políticas pues los organismos electorales son considerados funcionales, por lo que no existe una fuerte demanda ciudadana de que sean renovados y menos centralizados.

Es tradicional que en cada sexenio el mandatario en turno pretenda realizar reformas de acuerdo a su personal óptica y la de sus seguidores, pero en esta etapa del sexenio sería más recomendable enfocar el esfuerzo presidencial a objetivos comunes para obtener logros que beneficien realmente a toda la sociedad.

Más que reformas sexenales distractoras lo que requiere el país son acuerdos para lograr objetivos a largo y mediano plazo para superar las continuas crisis que sufre nuestro país, agravadas ahora por la pandemia y sus secuelas así como la amenaza de una guerra mundial que continúa latente con la invasión rusa a Ucrania.

Lo más probable es que esta iniciativa presidencial sea rechazada por no lograr la mayoría legislativa, por lo que sería la segunda que tendría López Obrador y ya quién sabe si tenga el ánimo de pretender una tercera como lo es la integración de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

Por lo pronto será uno de los temas que acapare y encauce la polémica nacional sin una mayor trascendencia que la obtenida con la propuesta de la reforma eléctrica. Y como esta última, poco o nada se ganará en realidad más que demostrar que débil y disminuida aún continúa presente la oposición al actual gobierno morenista.