El asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, es otro ejemplo más de la violencia política que ha prevalecido en el actual proceso electoral, la cual ha sido alimentada además por las declaraciones beligerantes de funcionarios y partidos políticos.
En estas campañas electorales han sido asesinados 83 candidatos y exfuncionarios, 63 de los cuales eran opositores al partido gobernante de la entidad. Además se han registrado casi trescientos hechos delictivos en contra de aspirantes a algún cargo público.
La mayor disputa de puestos ha ocasionado no sólo la confrontación verbal y propagandística entre los contendientes, sino también la intervención violenta de otros actores como el crimen organizado.
Un ejemplo de lo anterior es el estado de Guerrero, donde decenas de aspirantes han abandonado las candidaturas por amenazas en las regiones más conflictivas de la entidad. La misma candidatura frustrada de Félix Salgado no dejó de mostrar una violencia pública insólita en contra de los integrantes de los organismos electorales.
La continua intromisión presidencial ha agudizado esta belicosidad entre las partes como la reiterada acusación a los dos candidatos punteros de la gubernatura de Nuevo León por supuestamente haber cometido acciones delictivas y exigir la aplicación inmediata de la ley.
La de por sí atípica elección nacional debido a la pandemia ya mostraba dificultades para su realización debido a las medidas restrictivas, que por cierto contados candidatos han respetado, pues la mayoría ha realizado actos multitudinarios para demostrar el apoyo popular.
La renovación de 15 gubernaturas ha radicalizado la lucha regional por el poder entre los diversos grupos que utilizan indistintamente las siglas partidistas para lograr sus fines. De tal manera que la proliferación de candidatos chapulines es abundante y sintomática, aumentando aún más la confusión ideológica y partidista.
A lo anterior se le agrega la presencia nueva de partidos fantasmales que lograron su registro, pero no demuestran contar con seguidores y su función al parecer es más bien la de dividir el voto.
Ante el reclamo de la violencia criminal las autoridades reiteran que protegerán a los candidatos, pero es rara la semana que no se continúen registrando asesinatos o delitos en contra de algún aspirante o personaje político.
El reacomodo de las camarillas en el poder está ocasionando estos hechos criminales que al parecer continuarán tal vez aún después de las elecciones formales.
La crisis institucional en el actual sexenio se ha agudizado ahora también con la embestida oficial en contra de los organismos autónomos como los electorales, lo cual además de agravar los conflictos, aumenta la incertidumbre política que ocasiona la falta de inversiones en el país.
Por consiguiente el panorama electoral es complejo y además de imprevisible demuestra que existe una abierta confrontación entre las fuerzas dominantes y las aspirantes al poder.
Ante esta crítica situación política se requiere que los gobiernos y los poderes actúen con prudencia y acorde al Estado de Derecho para presentar una real alternativa ante los embates de los grupos de interés que intentan controlar diversas regiones del territorio nacional como si fueran feudos de su propiedad.
