Los resultados electorales recientes al parecer no desanimaron al presidente López Obrador y ya planteó tres reformas constitucionales que pretenderá llevar a cabo: una energética, otra electoral y una en seguridad.
En materia energética propondrá fortalecer el papel predominante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como antes lo hizo con Pemex. El problema es que si la propuesta es semejante también podría ser impugnada como anticonstitucional y las empresas afectadas recurrirían a los amparos, además de que desalentaría la inversión en este estratégico sector.
La pretensión de que las empresas paraestatales retornen a su auge y monopolio de los años setenta del siglo pasado no es viable en un mundo globalizado y con retos de competitividad que deben afrontar y superar las entidades económicas tanto estatales como particulares.
La CFE si bien ha mejorado en parte continúa con atrasos tecnológicos, sobre todo en el uso de energías renovables, por lo que requiere una reestructuración más bien de índole administrativo que político como pretende el gobierno federal.
A su actual titular le han vuelto a publicar sus pecados del pasado cuando estuvo encargado de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid. Los asesinatos del periodista Manuel Buendía y del agente de la DEA Enrique Camarena son casos en los cuales su participación continúa siendo implícita, aunque no haya cargos judiciales directos en su contra.
La más polémica y conflictiva reforma constitucional lo será la electoral, pues López Obrador se propone reestructurar el Instituto Nacional Electoral, el cual en los recientes comicios volvió a demostrar su profesionalismo e imparcialidad al grado de que no surgió alguna protesta masiva por algún caso electoral.
Bueno, ni las constantes amenazas del senador Félix Salgado se hicieron realidad después de que se le quitara su candidatura, pues al parecer se conformó con que su hija sea ahora la nueva gobernadora del estado de Guerrero.
Otro aspecto más controversial será la intención de eliminar las diputaciones plurinominales, las que casi todos los partidos aprovechan para tener una mayor representación y justificación electoral, sobre todo los que están en la oposición y se enfrentan a un partido hegemónico.
Este tipo de curules fueron asignadas en su tiempo para equilibrar en algo el dominio ejercido por el partido predominante en el poder, el PRI. Ahora será este partido uno de los que más se opondrá a que no les otorguen estas diputaciones, pues es un partido minoritario.
Incluso al partido mayoritario, Morena, le beneficia contar con plurinominales pues así puede (con la suma de sus aliados el PVEM y el PT) lograr una mayoría simple en la Cámara Baja y sacar adelante sus propuestas, aunque para las comentadas necesitaría sumar diputaciones de otros partidos y obtener la mayoría calificada.
La tercera y no menos controvertida reforma que pretende el presidente es en materia de seguridad, la cual incluye integrar a la Guardia Nacional a la defensa nacional.
Lo anterior sería de hecho legalizar la situación real de esta institución, pues la mayoría de sus integrantes y mandos son militares, aunque ello contradeciría las promesas presidenciales de campaña de sacar a los soldados de las calles y evitar la militarización del país.
Las propuestas que adelantó AMLO serán tema de debate en lo que resta de su gobierno y dependerán de la postura de los diputados federales de oposición, la cual es no aceptar las iniciativas presidenciales y mantenerse como contrapeso real del poder.
En el futuro se constatará cuáles serán las estrategias presidenciales para reunir o no los votos legislativos necesarios para sacar adelante las citadas reformas constitucionales, así como la actuación real de quienes ahora se presentan como sus opositores.
