La reciente reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ha sido objeto de amparos por más de 40 empresas de energías renovables que se inconformaron ante las nuevas medidas establecidas en dicha legislación.
Esta reacción ya era esperada por los especialistas en la materia, algunos de los cuales la consideran anticonstitucional por oponerse a la competencia en el sector energético. Por ello ahora la controvertida ley es debatida no sólo en los medios, sino en los tribunales mexicanos.
El juez Gómez Fierro otorgó suspensiones definitivas a dos empresas energéticas por considerar que la ley altera la competencia en el mercado eléctrico e impide que las plantas más eficientes puedan proveer electricidad a un menor costo y con menos contaminación, aunque esta suspensión es generalizada para evitar que los beneficiados tengan una ventaja competitiva.
La crítica presidencial ante estas medidas no se hizo esperar y fueron señalados los grupos empresariales Bimbo y Walmart como responsables de los citados amparos.
Ahora el debate sobre la constitucionalidad estará en el campo judicial, pues si son impugnados los amparos pasarán a un tribunal colegiado y lo más probable es que terminen siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo organismo del Poder Judicial tendría así una seria responsabilidad en su fallo, pues sentará un precedente de su postura ante los embates de otro poder para llevar a cabo las modificaciones establecidas en una nueva ley.
El caso aunque esté politizado es jurídico y debería resolverse de esta forma, pues si se hace de otra manera se demostraría que el Poder Judicial no es tan independiente y autónomo como lo establece la carta magna.
Las controversias legales entre los poderes en una democracia no deben percibirse como fuera de lugar, al contrario, demuestran que este tipo de régimen sí funciona y se pueden dirimir los desacuerdos entre los poderes legales.
El desempeño de la SCJN será objeto de la opinión pública, por lo que deberá ser transparente y apegado a las normas jurídicas más que a las presiones políticas.
Por lo tanto la tarea no es fácil ni sencilla para los ministros, pero sí es trascendental, pues su fallo será decisivo sobre este tema controversial de la libertad que debe existir en el mercado energético y la rectoría del Estado en la materia.
Desde el punto de vista del consumidor lo más preferible es la seguridad de tener una energía barata y no contaminante para su utilización en todos los aspectos. El megaapagón de este año nos demostró la necesidad prioritaria de contar con energía eléctrica para realizar las actividades cotidianas y el alto costo de carecer de la misma.
Por ello más allá de filias y fobias se debe decidir por parte de los jueces lo que sea más conveniente para el ciudadano común de acuerdo a la ley y que a la vez fortalezca a la industria nacional.
En medio de las crisis que padece el país se requiere fortalecer las instituciones públicas, pero siempre y cuando esto no vaya en contra del bien común. ¿Podrán los ministros llegar a una decisión justa en esta controversia legal en materia de energía eléctrica?
