El asesinato de dos sacerdotes jesuitas ha causado conmoción e indignación nacional e internacional reflejando el estado de violencia criminal que prevalece en México.
Los clérigos fueron victimados en un poblado de la Sierra Tarahumara, Cerocahui, en el municipio de Urique. El presunto autor es José Portillo “El Chueco”, dirigente de una célula al servicio del Cártel de Sinaloa y a quien se le responsabiliza de la muerte de un turista norteamericano, así como de otros ilícitos cometidos en la región serrana.
La estrategia aplicada por el gobierno federal muestra una vez más su ineficacia e ineficiencia, pues no ha podido contener, mucho menos erradicar, las diarias acciones del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Un ejemplo de ello es que en los tres años y medio del sexenio los homicidios dolosos superan los 121 mil casos, mientras que en todo el criticado sexenio de Felipe Calderón fueron un poco más de 120 mil.
De continuar con esta tendencia se calcula que al finalizar el gobierno de López Obrador serán más de 200 mil homicidios, por lo que sería el sexenio más sangriento de este siglo.
La cuestionada política de “abrazos, no balazos” es un fracaso al grado de que a pesar de operar más de cien mil integrantes de la Guardia Nacional y decenas de miles de militares la seguridad del país cada vez está más en entredicho debido a las continuas masacres y delitos de toda índole.
El problema de la inseguridad nacional no se resuelve con buenas intenciones y el maquillaje de los datos duros menos cuando se reitera desde la tribuna presidencial que se continuará con la misma política aplicada hasta ahora.
De lunes a viernes se reúne el presidente a las seis de la mañana con el consejo de seguridad nacional, lo cual de poco o nada ha servido para prevenir y evitar las acciones de los delincuentes.
El abandono de las policías municipales y estatales continúa, por lo que no funciona la prevención como debería, menos cuando opera una reinante impunidad para los criminales. Tal es el caso del “Chueco” y otros maleantes que se han apoderado de municipios y zonas ante la complacencia de las autoridades federales.
En reiteradas ocasiones se ha informado por parte de agencias de seguridad del vecino país que la tercera parte del territorio nacional está controlada por los cárteles del narcotráfico y para acceder al mismo se tienen que sortear los retenes instalados por ellos.
Recientemente tuvieron esta experiencia los periodistas que cubrían la gira de López Obrador por el “triángulo dorado” y también un obispo de Zacatecas al visitar una comunidad en Jalisco.
La aparente normalidad ante esta anómala situación es fomentada por los gobiernos para aparentar que existe seguridad en los caminos y carreteras nacionales, lo cual es continuamente desmentido por el Departamento de Estado del vecino país alertando a sus ciudadanos para que no viajen a la mayoría de los estados mexicanos.
El artero homicidio de los dos sacerdotes jesuitas es reprobable e intolerable, pero lo es aún más el que a diario los noticiarios estén plagados de notas rojas sobre crímenes en todo el país sin que se apliquen medidas para garantizar la vida y los bienes de los mexicanos.
México está cubierto de sangre debido a la ineficiencia gubernamental y la apatía ciudadana, no sólo ahora, sino desde hace décadas con el surgimiento de los cárteles de las drogas. La demanda interna y externa de las mismas continuará, por lo que se requieren estrategias internacionales para enfrentar su tráfico y nocivas consecuencias para toda la población.
La inseguridad pública continuará prevaleciendo en todos los lugares mientras no funcionen las instituciones públicas encargadas de evitarla y no se involucren los ciudadanos en cambios reales que empiezan y terminan con una verdadera educación ética que se refleje en el comportamiento cotidiano de todos los individuos.
