La iniciativa presidencial de reforma constitucional del sector eléctrico ha causado un debate polarizado, pues algunas de sus propuestas son cuestionadas no sólo por la oposición, sino también por el sector privado.
Desde el punto de vista del gobierno federal se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se garantizarán bajos precios en el consumo de la energía eléctrica. Por su parte sus críticos señalan que será un retroceso en el avance logrado por la anterior reforma, sobre todo en cuanto al crecimiento de las energías renovables.
La intención de los cambios de esta iniciativa se debe a que la ley de la industria eléctrica aprobada hace algunos meses no se ha podido aplicar debido a los amparos legales que se han hecho, ya que contiene aspectos anticonstitucionales.
Por ello ahora se intentará quitar los obstáculos para que sea la CFE la que controle totalmente todo lo relacionado con la energía eléctrica. Esta dependencia deja de ser así una empresa del país para convertirse de hecho en un regulador del sector eléctrico.
Uno de los puntos controversiales es que la CFE producirá cuando menos el 54 por ciento de la electricidad que se consuma en el país y el resto lo harán las empresas privadas.
El problema es que la empresa estatal no cuenta con la capacidad suficiente para hacerlo, por lo que podría haber escasez de electricidad, que causaría interrupciones y apagones, como el que se dio este año en el mes de febrero debido a la carencia de gas importado de Estados Unidos.
Ahora bien, no está bien especificado el papel que tendrán los generadores privados de electricidad, tanto particulares como empresas. Al parecer dependerá de las decisiones de la CFE sobre si les compran o no la energía que produzcan pues la distribución y transmisión quedará a su cargo y responsabilidad.
Otro aspecto polémico es la cancelación que se hará de las inversiones privadas que se están haciendo en el sector eléctrico con la creación de fuentes solares y eólicas.
Además del retroceso ecológico que conllevaría tal medida se causarían conflictos legales internacionales que desalentarían futuras inversiones en el país.
Al menos en este sexenio no se priorizará el uso de energías limpias y la intención del gobierno es continuar utilizando combustibles fósiles, por lo que no se alcanzará el objetivo planteado en los Acuerdos de París de alcanzar una disminución del 35 % de este tipo de energías contaminantes para el 2024 y por ello se pospuso hacerlo hasta el 2030.
Lo anterior es un retroceso en la transición en el uso de energía más limpia para evitar la producción de gases que causan el calentamiento global que tanto afecta a nuestro planeta.
En la actualidad la contaminación provoca daños no sólo a las personas, sino a todo el ambiente natural, por lo que debería ser una prioridad combatirla en todos los frentes en lugar de propiciarla por parte del Estado mexicano.
La decisión de aprobar esta reforma o contrarreforma eléctrica dependerá de las dos terceras partes de los legisladores federales y de la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que se pondrá a prueba si funcionará o no la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD.
Las consecuencias de los cambios constitucionales citados nos afectarán a todos los mexicanos, por lo que se deberían debatir públicamente con la intervención de expertos en el tema y no dejar que sea sólo una minoría la que los apruebe de acuerdo a sus propios intereses políticos.
