Los mexicanos en general no terminamos de aceptar una dolorosa realidad económica que impacta en todos los presupuestos de gasto e inversión pública del país, No terminamos de resignarnos a ser un país cuyos gobiernos, todos, vinieron a menos a partir de 2013, momento en que empezó la caída de la producción y exportación de petróleo, así como de su precio en los mercados internacionales.
Tampoco los mexicanos consideramos que desde la mitad de la década de los setentas, la tercera parte los ingresos fiscales que obtenía el gobierno federal y repartía entre el resto de los gobiernos estatales y municipales, provenía y dependía de que hubiera excelentes precios del petróleo en los mercados.
El principal factor que derrumbó los precios del petróleo, fue que Estados Unidos dejó de ser un importador de petróleo para convertirse en exportador gracias a la extracción del crudo mediante el "Shale", así como por el desarrollo de nuevas tecnologías para producir energía solar y eólica, así como el desarrollo de motores más eficientes y la entrada en el mercado del automóvil eléctrico. Tendencias que no se detendrán.
También se nos olvida, que la Cámara de Diputados por décadas jamás se preocupó porque Pemex funcionara razonablemente con honestidad y eficiencia, y contara con los recursos suficientes para darle un mantenimiento apropiado a las refinerías y demás instalaciones industriales, porque los diputados federales del PRI, PAN, PRD, Verde, PT y Morena, sólo les interesaba jalar miles de millones de pesos para sus respectivos gobiernos, sindicatos y grupos de presión.
Ahora bien, una vez que los recursos de las exportaciones de petróleo convertidos en impuestos llegaban a los estados y municipios del país, éstos no se usaron para mejorar su infraestructura, niveles de educación, investigación y ciencia, etc. en pocas palabras a la gallina de los huevos de oro la hicimos caldo y directa o indirectamente todos nos beneficiamos, independientemente de la corrupción.
López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México, inició el proceso de agujerear los presupuestos de mantenimiento del equipamiento urbano incluido el Metro, para repartir pensiones que le ha granjeado los aplausos, afecto y voto de los pobres, que no consideran la tragedia pública que le heredarán a los nietos.
Es por ello que los gobiernos municipales y estatales tendrán que concesionar toda una serie de servicios públicos, porque simplemente ya no cuentan con la capacidad fiscal, financiera y crediticia para poder reparar y reemplazar. Esta crisis ha provocado que desde el año 2013 el gobierno federal se endeudara todos los años en más menos 500 mil millones de pesos.
Si revisamos el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el año 2019, contrario a lo que prometió AMLO le autorizaron solicitar otros 528 mil millones de pesos este año, pero ningún banco se los prestó.
Bajo este escenario llegamos a Chihuahua a la consulta, sobre si queremos o no que se concesione el servicio de alumbrado público si queremos que se modernice, donde no quedaría de otra. Pero el problema está en las cifras de miles de millones y la forma en que Maru ha planteado, propuesto e informado sobre los montos, condiciones y forma, por demás opaca, insuficiente e ineficiente.
