Por: José Luis Jáquez
En medio de una gran polémica política y profunda división ciudadana, el próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta popular, conocida como la revocación del mandato presidencial.
Se trata de un ejercicio de democracia participativa consagrado como un derecho de la ciudadanía en el artículo 35 de la constitución. Esta sería la primera ocasión en que un presidente de México se someta a una consulta sobre si debe o no permanecer en el mando.
Pero, lamentablemente durante todo el proceso, la “cuarta transformación” ha descalificado a la autoridad electoral, presentado una narrativa de que el INE “bloquea” la revocación.
Y ya se anunció que después de la jornada electoral empieza una “profunda” reforma electoral con claras intenciones de controlar el órgano ciudadano.
En el año 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para darle vida a la figura de "revocación de mandato" del presidente, a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de la propia ciudadanía.
La “ciudadanización” de la consulta se ha tergiversado, con el fin de presentarla como una iniciativa del propio Ejecutivo, sin que ese sea el propósito constitucional de la consulta. Tampoco se trata de una concesión del mismo gobierno.
Y para que el proceso sea válido deberá participar de por lo menos, el 40% de la lista nominal, que corresponde a 37 millones de mexicanos. Hay que recordar que en la consulta de agosto pasado sobre los expresidentes participó sólo el 7% de electores.
Uno de los temas que ha provocado fuertes enfrentamientos entre el jefe del Ejecutivo y los consejeros del INE es lo referente a la difusión.
La constitución prohíbe el uso de recursos públicos en la recolección de firmas ciudadanas, así como los fines de promoción y propaganda. Esta prohibición forma parte de la reciente ley electoral, un logro de la izquierda mexicana, pero que ahora le “estorba”.
En los países de madurez democrática, es parte de la cotidianidad (muy normal) que los organismos públicos promuevan la participación ciudadana y la difusión, pero en México es un asunto que legalmente está prohibido. En pocas palabras, hay que respetar la ley tal cual.
Otro conflicto ha sido el presupuesto. Pues, a pesar de que atravesamos por severa crisis económica y una política de austeridad, se aprobó gastar mil 692 millones de pesos en un proceso no prioritario.
Lo que es prioridad es atacar la creciente inseguridad. En tres años de la actual administración federal van más de 116 mil asesinatos violentos.
Ya se inició la producción de las 94 millones 590 mil 469 boletas y papelería diversa, y ante las polémicas por la falta de recursos extraordinarios, se imprimirán en papel de menos seguridad. Aunque según el INE, es imposible falsificar.
Se instalarán 57 mil 77 casillas y 300 casillas especiales, una por distrito. Lo que arroja un costo de cada papeleta será de $0.33 más IVA.
En América Latina hay 7 países, además de México, que cuentan con la figura de revocación de mandato: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia.
Entre las consultas más polémicas sobre revocación en presidencias, se encuentran la de Hugo Chávez en Venezuela (2004) y de Evo Morales en Bolivia (2008). Nomás para no olvidar.
Así que, el próximo 10 de abril veremos si los votos de los mexicanos se traducen en cambiar el rumbo del país.
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